Aragonès eleva las exigencias al Gobierno: reforma de sedición, malversación y una ley de amnistía

La reforma del delito de sedición ya es agua pasada. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, eleva sus exigencias al Gobierno y reclama una reforma del delito de malversación, que también se le imputa a varios dirigentes independentistas que participaron en el referéndum ilegal del 1-O. "Estamos convencidos de que podremos generar la mayoría para hacerlo", ha manifestado. 

Además, ha querido zanjar las críticas que le acusan de que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, saldrá perjudicado por la modificación del Código Penal, que cambia el nombre a lo que se conocía como sedición, pasando a llamarse delito de desórdenes públicos y rebajando las penas de cárcel. "Nadie empeora su situación", ha advertido el president, que ha asegurado que ERC no ha negociado en nombre de nadie. Ni siquiera de Puigdemont, huido a Bélgica en 2017.

El 'expresident' catalán fugado, Carles Puigdemont (d), con un mosso que le escoltaba / CG

"Derogar lo que no es delito"

En una entrevista en El Món a Rac1, Aragonès ha defendido que el pacto alcanzado entre ERC y el Gobierno en el marco de la mesa de diálogo es "un paso importante", pero considera que "todavía queda mucho camino por recorrer". En este sentido, ha expresado su disconformidad con que la negociación entre ambos gobiernos se quede aquí y exige ahora una reforma de la malversación. Después de eso, tendrá que llegar una ley de amnistía y el acuerdo para la celebración de un referéndum. "Seguiremos batallando", ha avisado. 

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"Nuestro objetivo es derogar aquello que consideramos que no es delito. No es delito votar, organizar un referéndum o estar comprometido con la independencia", ha expresado. En este sentido, ha explicado que el objetivo es corregir el cambio que el gobierno del PP impulsó en 2015, cuando incorporó aspectos que, hasta ese momento, no eran delito. "Lo que no era delito el 9-N pasó a serlo el 1-O". 

"Nadie estará peor de lo que estaba"

Por otro lado, ha rechazado que la reforma del delito de sedición facilite la extradición de los políticos fugados. Entre ellos, Puigdemont. "Tenemos que intentar reducir el margen arbitrario que tienen los jueces", ha manifestado, y ha insistido en que "nadie estará peor de lo que estaba" como algunos quieren hacer creer. 

De hecho, ha recordado que el delito de desórdenes públicos ya existía, por lo que "si hubiesen querido iniciar otro procedimiento ya lo hubiesen hecho". No obstante, ha querido apartar del foco a Carles Puigdemont: "Esto no va de nombres concretos. Nosotros no hemos negociado en nombre de nadie y por un caso concreto porque la represión es muy amplia", ha agregado.