Salarios millonarios en el Parlament y encuestas

Lunes de encuestas y estadísticas para abrir la semana de los barbudos. Las previsiones meteorológicas se ajustan al calendario zaragozano. Frío y ausencia de precipitaciones. Todo en orden, pues, en materia del tiempo. Por cierto, los barbudos son los santos Pablo ermitaño, Mauro, Antonio Abad, Hilario, Fructuoso y Vicente. La política catalana discurre por sus derroteros habituales, el caos, la confusión y el ya tradicional soniquete de "referéndum y amnistía" interpretado por la barbita solemne. 

En medio de la niebla estancada en el plano de Lérida, el diario Ara destaca las extraordinarias condiciones laborales en el Parlament, una suerte de oasis en medio de un erial con sueldos millonarios por no trabajar y otras regalías que harán palidecer de envidia al resto de los funcionarios autonómicos y del Estado. El Parlament es la Suiza del funcionariado, una especie de paraíso protegido por la opacidad administrativa.

El referido diario asegura que "la cámara paga 1,7 millones de euros anuales a funcionarios que ya no trabajan en él" y que "dos ex secretarios generales, acogidos a este régimen, cobran más de 10.000 euros al mes". El texto es de Núria Oriols y arranca así: "Dos ex secretarios generales del Parlament de Catalunya y diecinueve funcionarios más de la cámara cobran prácticamente el 100% del sueldo a pesar de que ya no ocupan su puesto de trabajo. Se trata de un régimen especial que se denomina “licencia por edad” y que existe solo para los trabajadores del Parlament de Catalunya desde el año 2008. Un privilegio inaudito que no tiene comparación en el mercado privado común ni en la administración de la Generalitat, y que hasta ahora se podía solicitar cuando los trabajadores cumplían los 60 años y llevaban más de quince en la administración parlamentaria para disfrutar hasta la jubilación. Según ha podido saber el ARA a raíz de una petición de transparencia hecha el mes de abril del año pasado y entregada recientemente, hasta 21 funcionarios del Parlament están acogidos a esta figura, el sueldo de los cuales suma 1,7 millones de euros anuales".

Petición de transparencia en abril del año pasado... Menuda agilidad administrativa. Sigue el texto: "La mitad de las personas en licencia por edad son funcionarios de los rangos más altos de la cámara (A1), que se llevan la parte más grande del pastel. Las cifras individuales son dispares porque dependen de la categoría del funcionario, pero de media las retribuciones más bajas van desde casi los 4.000 euros al mes por catorce pagas –ujieres, auxiliares o telefonistas– hasta los 10.000 euros mensuales en el caso de los ex secretarios generales o ex jefes de departamento. O lo que es lo mismo: entre 56.000 y 140.000 euros el año sin trabajar durante un máximo de cinco años. Algunas de estas retribuciones pueden superar la de los consejeros del Govern –115.517 euros el año– y altos cargos –92.063– e incluso la del president de la Generalitat, Pere Aragonès –130.250–, y se sitúan muy cerca del de la presidenta de la cámara, Laura Borràs –155.570–. Sería el caso de los dos exletrados que están acogidos en licencia por edad y que ocuparon el máximo cargo a la administración parlamentaria: Imma Folchi, que fue secretaria general del Parlamento entre 1999 y 2015, y Pere Sol, que ocupó el mismo cargo del 2015 al 2016".

La gracia de tan singulares condiciones se debe al republicano Ernest Benach en 2008, el mismo esforzado servidor público que se gastó setenta mil euros en tunear por dentro su coche oficial para poder estirar las piernas. Del texto del Ara: "Las mismas fuentes también esgrimen que la introducción de esta figura (la del licenciado por edad) se tiene que poner en contexto: era un periodo precrisis y no había la misma sensibilidad a la hora de gastar el dinero público".

Y así nos fue.

Portada del 'Abc' del 17 de enero de 2022 / KIOSKO.NET

Encuestas. Dos sondeos. El primero, del Abc, relativo a las elecciones en Castilla y León. El titular es que "El PP supera a toda la izquierda y roza la mayoría absoluta en Castilla y León" y en los sumarios e abunda en que "La polémica del 'chuletón' castiga al PSOE, que pierde siete décimas en un mes, y Unidas Podemos gana 1,1 puntos" y en que "Vox pasaría de 1 a 9 diputados en las Cortes regionales, mientras que Ciudadanos podría quedarse en blanco". Estos son los resultados en escaños: PP, 38-39; PSOE, 27-28; Vox, 9; UP, 2-3; Unión Pueblo Leones, 2; Cs, 0-1; Soria YA!, 1.

El otro sondeo es de El Mundo y alude a las elecciones en Andalucía. Juan Moreno, del PP, sería el ganador e incluso podría gobernar en solitario, contando, eso sí, con la abstención de Vox. Los datos son los siguientes: PP, 36,9%, 48-49 diputados; PSOE, 26,7%, 32-33; Vox, 13,6%, 13-15; UP, 8,3%, 7-8; Cs, 6,1%, 3-4; Adelante Andalucía, 4,4%, 2.

Al hilo de Andalucía, El Independiente destaca que el PP no descarta adelantar las elecciones y que estas se celebren antes de junio. Escribe Ana Belén Ramos: "«Si hay una descarada planificación por parte de los distintos grupos políticos para asfixiar al Gobierno, no nos quedará más remedio que disolver». El pasado mes de noviembre, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, respondía así en el diario El Mundo a la pregunta que lleva meses persiguiéndole. Hace tiempo que el adelanto electoral lleva planeando en la región, pero ya entonces el barón popular mantenía el compromiso de agotar la legislatura siempre y cuándo PSOE y Vox no torpedeasen ese propósito. Pero los presupuestos no salieron adelante, y la alta tensión política en San Telmo llevaron a Moreno a poner dos posibles fechas en el horizonte: las elecciones se celebrarían en «junio u octubre», en función de si el parlamento autonómico se convierte o no en «una máquina de destrucción política»".

Continúa la pieza: "No obstante, y pese a la determinación de Juanma Moreno, hay sectores en el PP, tanto en la cúpula nacional como entre los populares andaluces, que no descartan el escenario de abrir las urnas antes de lo previsto y se suban de forma inmediata a la ola del popular Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León –que podría rozar la mayoría absoluta el próximo 13 de febrero– para firmar un resultado semejante en la Junta de Andalucía. Juanma Moreno pospuso al mes de febrero cualquier decisión al respecto, justo en el momento en que regresarán las sesiones al parlamento andaluz tras el parón de enero. Las fuentes consultadas subrayan que la idea es la de estar preparados para comicios en mayo o, incluso, abril".

Portada de 'La Vanguardia' del 17 de enero de 2022 / KIOSKO.NET

La estadística del día viene de la mano de la portada de La Vanguardia, que destaca que "Madrid es la gran aspiradora de la migración entre comunidades". La nota es de Alexis Rodríguez-Rata, que escribe que "Madrid se ha convertido, de largo, en el gran polo de atracción de la migración procedente de otras comunidades autónomas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el destino preferido para las migraciones interiores se repartía entre varias zonas en las últimas décadas del siglo XX, pero todo cambió con la crisis del 2008. Desde entonces, los españoles prefieren Madrid para emigrar: en el pandémico 2020 más de 70.000 personas fueron allí a vivir, contra los poco más de 40.000 de Barcelona".

El autor de la información la ilustra así: "La Casa de Andalucía de Barcelona cada vez tiene menos socios. También el Centro Extremeño de Santurtzi, en la margen izquierda de la ría de Bilbao. “Somos el 50% de los de los años 80”, detallan. En el Gallego de Madrid, en cambio, “mantenemos la trayectoria. Antes sólo estaba nuestro centro de Madrid ciudad y ahora hay creo que una docena. Nos hemos distribuido, pero por el tirón que tiene la capital nos vamos renovando” explica Fernando Rey, su presidente. Ni unos ni otros son una excepción".

De la nota destaca también que "mientras, las migraciones interiores revierten en parte los principales orígenes y destinos de hace casi medio siglo. En Catalunya los que cambian de residencia a Andalucía (9.692), por ejemplo, son actualmente más de los que se van de esta a municipios catalanes (7.870)".

Tal vez tenga algo que ver, además del "Procés", la política lingüística y un ambiente propicio a informaciones como la que se sigue, de El Món: "El Govern es nega a informar del coneixement del català dels sanitaris". Firma Joan Antoni Guerrero Vall: "El Govern de la Generalitat es nega a informar sobre el nombre sanitaris interins o contractats de forma directa per a centres de salut del país als quals s’ha eximit d’acreditar el coneixement de la llengua catalana. En resposta a una sol·licitud d’accés a informació pública feta per El Món, acollint-se a la Llei de Transparència, el Govern al·lega que aquesta dada “no es troba recollida per aquesta administració”, a la vegada que entén que “la informació demanada no té la consideració d’informació pública”. La resposta indica que els sistemes d’informació de l’administració pel que fa a la xarxa sanitària no estan organitzats de manera que es pugui respondre amb transparència sobre el volum de personal que en accedir al lloc de feina ha estat eximit del requisit lingüístic. El buit informatiu impedeix fer un retrat exacte del coneixement del català entre els professionals que treballen al sistema sanitari català i que atenen els ciutadans".

Un drama, sanitarios que no entienden el catalán... El Món destaca además que "més del 50% del personal sanitari que va començar un dels 10 cursos d’acolliment lingüístic oferts entre els mesos d’octubre i desembre del 2020 pel Consorci per a la Normalització Lingüística el van abandonar, segons les dades consultades per El Món a través d’una petició d’accés a informació pública".

En El Nacional destacan la "atomización" del "unionismo" y que tal cosa podría acarrear la desaparición de dicho "unionismo" del Ayuntamiento de Barcelona. Del texto de Jordi Palmer: "En las elecciones municipales de mayo del 2019, el unionismo consiguió en Barcelona un 19,37% de los votos a candidaturas, repartidos de la siguiente manera: la coalición de Ciutadans, con Manuel Valls al frente, consiguió un 13,20% de los votos y 6 concejales; el Partido Popular un 5,01% y 2 concejales, y Vox, un 1,16% y ninguna representación. A un año y cinco meses de las próximas elecciones municipales, previstas en mayo del 2023, la situación de los españolistas —autodenominados constitucionalistas— puede traer a la paradoja de repetir unos resultados porcentuales similares a los del 2019, en torno a un veinte por ciento, y sin embargo quedar fuera del ayuntamiento. La razón, el desmenuzamiento persistente de un unionismo que ha hecho implosión en sí mismo y donde aunque todos los actores repiten los llamamientos a la unión nadie parece dispuesto a dar el paso y más bien todos parecen dispuestos a hacerse la zancadilla entre ellos. El derrumbe de Ciutadans, el histrionismo del Partido Popular, la incógnita de Vox y la irrupción de Valents —la formación de los herederos de Manuel Valls, hasta hace cuatro días Barcelona pel Canvi— dibujan un escenario atomizado que según los datos de intención de voto del último Barómetro municipal podría comportar que ninguno de ellos consiguiera representación".

17 de enero, santoral: Antonio abad, Jenaro Sánchez Delgadillo, Julián Saba, Marcelino obispo, Roselina y Sulpicio Pío.