Cuarta dosis de la vacuna y politización de los fondos UE

Ofensiva vacunal. En medio de un alud de contagios de la variante ómicron, el Gobierno ha autorizado la administración de la tercera dosis a los ciudadanos de entre 18 y 39 años y de una cuarta a las personas inmunodeprimidas. Al tiempo, topa el precio de los test de antígenos en 2,94 euros. Hasta ayer, las farmacias ofertaban dichos test a cinco euros, precio ganga en relación a los nueve y hasta doce euros que se habían llegado a pagar en plena Navidad. 

Las cifras de bajas son escandalosas. La Generalitat ha llamado a filas a cuatro mil profesores suplentes para cubrir a los contagiados por la sexta ola, la menos letal pero de mayor impacto en la economía. Vuelve el teletrabajo para los asintomáticos, esa especie de legión de mirlos blancos que no padecen ni un triste dolor de cabeza mientras persisten en dar positivo en los tests. Otro segmento de la población sufre, en cambio, verdaderos quebrantos con la mera administración de la vacuna. 

Portada de 'La Vanguardia' del 14 de enero de 2022 / KIOSKO.NET

En La Vanguardia abren con las novedades en torno a las vacunas. "España activa la cuarta dosis ante la pérdida de eficacia de la vacuna" alerta el diario del grupo Godó. El texto es de Celeste López: "La estrategia de vacunación para administrar la tercera dosis prosigue. Tras la autorización para los mayores de 40, ahora la comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud ha decidido inyectar una nueva dosis a los adultos de hasta 39 años (unos 12 millones de ciudadanos). Así lo indicó la ministra de Sanidad, en una rueda de prensa en la que se olvidó comentar que la citada comisión también había aprobado una cuarta dosis a las personas en situación de gran inmunosupresión, unas 120.000. A todos se les administrará Pfizer y Moderna (ARNm)".

Sigue el texto: "Además, los responsables de salud pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas han decidido reducir de seis a cinco meses el intervalo de tiempo entre las dosis segunda y tercera, así como de la tercera y la cuarta para las personas con inmunosupresión grave.

También se administrará dosis de recuerdo a personas que realizan viajes internacionales por motivos de estudios o laborales en los que se requiere su administración, eso sí, justificando su necesidad, señalan desde el Ministerio de Sanidad. La ponencia de vacunas así lo recomendó a la comisión de Salud Pública ante la evidencia de que la protección de las vacunas (pauta completa) va perdiendo efectividad ante la infección a medida que transcurre el tiempo (entre 5 y 10 meses, según la ministra). No es por la sexta ola, aclaran los expertos consultados por La Vanguardia, sino por la pérdida de la protección que las investigaciones nacionales a internacionales han constatado".

De modo que la perspectiva de la vacunación periódica (como en el caso de la gripe, por otra parte), cobra fuerza. Este coronavirus ha venido para formar parte de nuestras vidas (y muertes) y una vez en circulación, es como la energía en la parte del axioma que dice que no se destruye, sino que se transforma. Es impresión bastante extendida que el Gobierno ha llegado tarde con el precio de los tests de antígenos, pero no es improbable que dichas pruebas también formen parte permanente de nuestros cuidados. El sector de las farmacias, un tanto escocido por la limitación de precios, advierte que la rebaja del Gobierno puede provocar el efecto desabastecimiento. 

Portada de 'El País' del 14 de enero de 2022 / KIOSKO.NET

Cambio de tercio. Política. "Génova secunda a Ayuso y enreda los fondos europeos en la justicia" advierte El País. Y añade: "La estrategia de recurrir el reparto, inaudita en los grandes países de la UE". El texto viene con las firmas de E. G. de Blas y C. E. Cué: "El PP sigue el paso de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y secunda una ofensiva contra el Gobierno en torno a los fondos europeos, por más de 140.000 millones de euros, para la recuperación tras la pandemia. Después de que Ayuso presentara un recurso ante el Tribunal Supremo contra un decreto del Ministerio de Trabajo que reparte una partida de nueve millones, todos los gobiernos autonómicos que encabeza el PP anunciaron que se plantean llevar a la justicia al Ejecutivo, un camino que también amenazan con seguir los alcaldes populares. La partida recurrida supone un 0,08% de los fondos repartidos a las autonomías, según La Moncloa. Y las comunidades gestionan el 46% de los fondos. La estrategia no tiene parangón en las principales economías de la UE, donde la ejecución del fondo transcurre sin contratiempos. La judicialización puede entorpecer un trasvase de fondos clave para la recuperación económica".

En relación a esa batalla, en Vozpópuli abren edición con este chocante titular: "El Gobierno 'pierde' 2.074 millones de los fondos europeos por su lenta ejecución". Y añaden que "ha dejado sin autorizar el 9% de los fondos presupuestados en 2021, condición para trasladar su gasto a 2022. Podrá presupuestar parte de ese dinero, que llegará en todo caso más tarde a la economía". De ahí las comillas en 'pierde'. Escribe Mercedes Serraller: "Algo más de 2.000 millones de euros de los fondos europeos presupuestados en 2021 se quedan en el aire por la lenta ejecución del Estado en el arranque del Plan de Recuperación. El Gobierno sólo ha logrado autorizar el 91,4% de los 24.198 millones de euros incluidos en los PGE del pasado año del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), al que están asociados los 70.000 millones de transferencias no reembolsables que llegarán desde Bruselas hasta 2026. Es decir, que se han autorizado inversiones por 2.074 millones menos de lo que se preveía en el primer año de ejecución. De hecho, el Gobierno podría haber perdido mucho más, cerca de 3.200 millones, de no ser por una modificación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, que incluyó en los Presupuestos de 2022. Inicialmente, dicha ley únicamente permitía trasladar al próximo ejercicio los remanentes de los créditos que amparen compromisos de gastos contraídos. Y si los 22.124 millones de euros autorizados en 2021 ya fueron un 9% inferiores a lo presupuestado, los compromisos adquiridos por el Gobierno se redujeron al 87% (20.973 millones), según las cifras avanzadas por el Ministerio de Asuntos Económicos esta semana".

Y: "Sin embargo, la cláusula de este real decreto-ley que el Ejecutivo ha modificado en los PGE de 2022 permite trasladar a este año todo el dinero autorizado y que no haya sido gastado, no sólo el comprometido. Este es un matiz importante porque ahora el Gobierno podrá invocar a esta modificación para gastar a lo largo de este año los 1.151 millones de fondos europeos que se autorizaron en 2021 pero no se lograron comprometer. Estos se sumarán a otros 9.972 millones que se comprometieron y no se gastaron".

Prosigue la guerra de las macrogranjas. Podemos hace de la necesidad virtud y lo que ayer parecía una catástrofe, las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, es hoy un punto a favor. "Garzón resucita a Unidas Podemos en Castilla y León y le roba la bandera verde al PSOE" titula El Confidencial. "El ministro de Consumo se ha convertido, de repente, en un activo para los morados y será protagonista en su campaña. Las encuestas del PP apuntan a un desgaste de los socialistas por su ambigüedad en la polémica de la ganadería" se añade en el cuerpo de los sumarios. El texto es de Fernando H. Valls y arranca así: "La ambigüedad del PSOE durante la crisis de las macrogranjas está pasando factura al principal partido del Gobierno de coalición. Lo asumen en Moncloa y también en Ferraz. La bandera verde, esa que defendió el partido en su 40º Congreso Federal al reivindicarse como una formación que camina hacia un modelo productivo que apuesta por la defensa del medio ambiente, la está ganando Unidas Podemos. Y lo está haciendo a través de un activo inesperado: Alberto Garzón. El campo de batalla de esta precampaña es uno: las macrogranjas. Y ahí el PP y Podemos cabalgan cómodos mientras los socialistas quedan desdibujados. La vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está semidesaparecida en este debate que amenaza con ser el gran vector electoral".

Portada de 'El Mundo' del 14 de enero de 2022 / KIOSKO.NET

Noticias de Cataluña. La guerra de la lengua. "Un instituto de Manresa, primero en negarse a acatar la sentencia el 25% de castellano por "indicación" del Govern" dice El Mundo. "El director rechaza la petición de una familia de ejecutar la orden del Supremo y la asociación Hablamos Español lo denunciará si no rectifica" se abunda en le sumario. Es Víctor Mondelo quien firma la nota: "Un instituto público de Manresa (Barcelona) se ha convertido en el primer caso conocido y documentado de un centro escolar catalán que, siguiendo las directrices de la Generalitat, se niega formalmente a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en los colegios de Cataluña. El director del instituto Lacetània, Francesc Delis, desestimó el pasado 22 de diciembre la petición de una familia que, acogiéndose al fallo del Alto Tribunal, reclamó que su hija recibiese ese 25% de horas lectivas en castellano. "El instituto sigue las indicaciones que el Departamento de Educación marca al respecto. Por eso resuelvo seguir con los criterios lingüísticos hasta ahora aplicados en el centro", reza la respuesta remitida al padre demandante, a la que El Mundo ha tenido acceso. El documento, rubricado por el director y la secretaria del instituto y sellado con el membrete de la Generalitat, certifica por escrito la estrategia del Govern, que ha instado públicamente a las escuelas a desobedecer el fallo del Supremo para mantener la inmersión".

Sigue la pieza: "En el documento, al que este diario también ha tenido acceso, el progenitor constata que "el colegio no cumple con la sentencia del Tribunal Supremo que dictamina un 25% de horas en castellano" y solicita que pase a hacerlo. Aporta como documento para sustentar su reclamación el propio fallo judicial. El director del instituto invita al padre de su alumna a recurrir su resolución ante los Servicios Territoriales de Educación si así lo considera oportuno, pero él ha preferido poner su caso en manos de la asociación Hablamos Español, que defiende la libre elección de lengua en el sistema educativo".

Una parte del independentismo ha decidido apartarse del excomisario Villarejo y sus difamaciones sobre los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils. Entienden que el tipo es tóxico, peor que una fístula en la rabadilla y que más vale tomar distancia. Otra parte del independentismo, la de Junts per Catalunya (JxCat) parece que no tiene problemas en convivir con la materia purulenta de los abscesos. "Victòria Alsina explica a los cónsules las dudas con el CNI en los atentados de BCN" titula El Nacional una de sus piezas. El texto es de Lluís Bou: "La consellera de Afers Exteriors, Victòria Alsina, ha explicado hoy al cuerpo consular de Barcelona, las dudas que existen sobre la actitud del CNI español en los atentados de Barcelona y Cambrils, donde murieron 16 personas, muchos de ellos extranjeros. "He aprovechado el encuentro para explicarles que exigimos ir hasta el fondo de la cuestión del 17-A y que se asuman responsabilidades", ha indicado. Alsina se ha hecho eco de esta manera de las declaraciones del excomisario Villarejo, en el sentido de que el CNI estuvo involucrado en el 17-A porque quería "asustar a Catalunya ante el 1-O pero se les fue de las manos". La consellera se ha comprometido a mantener informados a los cónsules de cualquier novedad que se produzca y se ha puesto a su disposición. "No se puede politizar el dolor del terrorismo", ha advertido, aludiendo a los intereses por tapar esta cuestión".

De los intereses por aventar la cuestión no habló la consejera, a la que no se conoce ninguna iniciativa en esta legislatura más allá de servir fielmente al prófugo Puigdemont.

14 de enero, santoral: Divina Pastora de las almas, Fulgencio, Dacio, Eufrasio, Fermín de Gévaudan, Glicerio diácono y mártir Nino y Potito.