El estado de alarma está en el alambre. Según el Gobierno, la prórroga es imprescindible para que el planeta no se salga de su eje y un meteorito no acabe con la especie humana. El PP alega que verdes las han segado, que haberlo pensado antes y que el Ejecutivo debe transar, negociar y pactar si quiere el voto de la oposición. Horas desesperadas antes de la sesión de mañana en el Congreso. El PSOE ha activado a la vicepresidenta Carmen Calvo, quien negocia por la tremenda con el PNV y con Ciudadanos. Sánchez, mientras, permanece impasible. Iván Redondo le susurra al odio que Casado, como mucho, se abstendrá, lo que facilitaría la extensión de la alarma por la mínima.
Los partidarios del Gobierno se han lanzado a la yugular del PP, partido al que tachan de irresponsable, indecente y egoísta por no apoyar el estado de alarma como han venido haciendo desde marzo hasta aquí. En cambio, de ERC pasan, como si el hecho de que los republicanos vayan a votar que no al estado del alarma formara parte del natural libre albedrío. Las buenas gentes de ERC no sufren la presión política y mediática de los peperos. Rufián es intocable y su orientación de voto, estupenda, una nueva jugada maestra a mayor gloria del movimiento procesista.
Según la versión más extendida, los republicanos aducen que el estado de alarma "no es el mecanismo adecuado" para el momento actual, aunque sí lo sería si el mismo mecanismo lo aplicara la Generalitat. En El Confidencial, Fernando Garea analiza el delicado momento para Pedro Sánchez: "En las últimas horas, la vicepresidenta Carmen Calvo ha hablado con Andoni Ortuzar (PNV), Pere Aragonès (ERC) y Alberto Núñez Feijóo (PP), entre otros, para salvar la decisiva votación, casi a la desesperada. Y La Moncloa habla también con Inés Arrimadas (Ciudadanos) que, de pronto, es fundamental para evitar el desastre. (...) Necesita mayoría simple para la prórroga y hay partidos que la han apoyado hasta ahora, como PP, PNV y Ciudadanos, que se han pronunciado en contra por diferentes motivos, y ERC ha dejado claro que pasará de la abstención al no. Esto último le complica especialmente todo al Gobierno y perder esa votación sería no solo un revés político sino una grave crisis institucional en plena catástrofe por la pandemia. Sería mucho más que una derrota política al Gobierno. Necesita el voto imprescindible del PNV y que el PP se abstenga, que no vote en contra. Una opción que manejan fuentes del Gobierno es que el PP, el PNV y Bildu se abstengan y Ciudadanos vote a favor y con eso saldría la mayoría simple necesaria".
Tendrá que hacer encaje de bolillos el Gobierno y uno de sus problemas es que no está acostumbrado a negociar con partidos como Ciudadanos. En El Diario, Íñigo Aduriz da cuenta de las implicaciones derivadas de que se aborte el estado de alarma: "Si finalmente todos estos partidos cumplen con sus amenazas y el Ejecutivo no consigue los votos necesarios para convalidar la nueva prórroga –lo que según el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, generaría un 'caos sanitario y económico'–, expertos constitucionalistas consultados por eldiario.es advierten de que el Gobierno, además de perder ese mando único, se quedaría también sin la facultad para limitar los movimientos en toda España o para mantener el cierre de comercios. Los analistas matizan, no obstante, que el rechazo del Parlamento no implicaría la derogación de los decretos económicos para paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus aprobados en las últimas semanas por los sucesivos Consejos de Ministros".
Continúa la nota líneas después: "'Sin el paraguas del estado de alarma no se podrán limitar las libertades, como las de circulación y de reunión', explica Juan María Bilbao, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Se trata de una opinión que comparten también la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón, Rosario García Mahamut, y el catedrático de la misma materia de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós".
Este último advierte de que el rechazo del Congreso provocaría que la competencia en materia de Sanidad "volviera a las comunidades autónomas, que podrían hacer lo que ya hicieron desde el momento en que llegó el primer aviso de la pandemia y hasta que se decretó el estado de alarma a principios de marzo". Por ejemplo, explica Arbós, los gobiernos autonómicos podrían decretar el confinamiento de poblaciones concretas, como ocurrió con Igualada (Barcelona) o Labastida (Álava) al inicio de la emergencia sanitaria. (...) En lo que también coinciden todos los analistas es en que el Gobierno perdería el poder para dar órdenes al resto de las administraciones".
Actualidad médica. "Los trabajadores sanitarios sufren la mayoría de los contagios" titula El País un suelto de su portada. Firma la información Oriol Güell, que escribe: "Los trabajadores sanitarios ya acaparan la mayor parte de los nuevos contagios del coronavirus, según los datos de Sanidad. Los profesionales infectados han aumentado un 39,5% en dos semanas y ya suman un total de 43.325. En la última semana, el ministerio ha confirmado por pruebas PCR 8.646 nuevos casos. En ese plazo, se han registrado 5.331 contagios de empleados de la sanidad. Los contagios por el nuevo coronavirus entre el personal sanitario, un problema que ha azotado con especial virulencia a España, no remiten. (...) El mayor problema es que los datos disponibles son 'la punta del iceberg', según señalan las fuentes consultadas en una decena de hospitales y equipos de atención primaria de cuatro comunidades autónomas. Estas fuentes lamentan que aún sean muchos los profesionales que esperan para ser sometidos a una prueba que revele si son portadores del virus o ya han pasado la infección. 'Estimamos que son menos de la mitad de los que deberían, lo que resulta inaceptable dos meses después de haberse declarado el estado de alarma', critica Manuel Cascos, presidente del sindicato de enfermería Satse".
La Generalitat, cuya portavoz Meritxell Budó pregona las hipotéticas excelencias si les hubieran dejado actuar a su antojo, tampoco se muestra muy activa en materia de realización de pruebas. Del e-notícies: "De les 170.000 proves PCR que va anunciar la Generalitat que faria en sis setmanes en laboratoris de recerca de Catalunya, només se n'han fet 32, segons ha explicat el programa Planta Baixa de TV3. La consellera de Presidència va anunciar aquesta mesura el passat 7 d’abril. (...) Meritxell Budó va assegurar el 7 d’abril en roda de premsa que 'aquest programa preveu activar les màquines PCR que ja disposen els centres de recerca de Catalunya i adaptar-se per poder crear els textos necessaris per la detecció de la malaltia'. 'En una primera fase aquest programa ens permetrà realitzar 170.000 tests, en un període de sis setmanes”, va afegir'.
La consejera ha quedado como Cagancho en Almagro, pero ya está acostumbrada.
Más noticias. Cosas de dircoms. El consejero de Interior, Miquel Buch, da por zanjada la polémica por el tuit bélico de su jefe de prensa, el ínclito y siempre moderado, sensato y ponderado, pero al revés, Joan Maria Piqué. Del texto de Elena Burés en Crónica Global: "Tras el incendio generado en redes sociales por Joan Maria Piqué, jefe de prensa del Departamento de Interior, su titular, Miquel Buch ha salido en su defensa y ha alegado que la manifestación de este, cuando publicó un cartel de propaganda de la Guerra Civil en el que se ve el brazo de un hombre con un rifle junto a dos fechas destacadas: 1808 y 1936, con el texto 'de nuevo por nuestra independencia'' respondía a "la libertad de expresión'. A la fotografía, Piqué añadió el texto: 'Quizás es un enfoque que aún no hemos planteado y funcionaría'. Según ha manifestado Buch este lunes, este mensaje 'no era lo que muchos han malinterpretado, de manera intencionada o no. El tuit fue retirado y ya está. Tema resuelto y muerto', ha zanjado".
Exacto. Y pelillos a la mar, que todo el mundo es bueno. Además, Piqué es un cargo fundamental en la estrategia de la Generalitat contra el coronavirus. Imprescindible elemento.
Otro comunicador de moda en modo superlativo es Alfonso Merlos, el Arturo Fernández de la profesión, gran seductor y protagonista del escándalo de la chica de la curva, pero en versión moza semidesnuda que atraviesa la estancia. El caso es que Merlos se lleva una pastizara del Colegio de Abogados de Madrid y han surgido voces colegiales que no están a favor. Informa al respecto en Ok Diario Teresa Gómez: "Alfonso Merlos fue contratado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para dirigir su departamento de Comunicación en 2018, después de que el periodista asesorara al decano José María Alonso para ganar las últimas elecciones a la Junta de Gobierno de la institución, celebradas hace tres años".
Sigue la nota líneas después: "El convenio se firmó con su empresa Trocadero Comunicación SL por un importe de 181.500 euros brutos anuales. Sin embargo, tras detectarse posibles 'irregularidades' en su contrato, la Junta de Gobierno del ICAM se reunirá este lunes por la tarde para debatir la continuidad de Merlos como director de Comunicación, según manifiestan a Ok Diario fuentes internas del Colegio".
Y continúa: "Además, la empresa de Merlos fue contratada por 181.500 euros brutos anuales, una partida muy dispar comparada con la de otros Colegios de Abogados. Por ejemplo, en Barcelona el dircom gana 60.000 euros anuales y en la Abogacía Española –órgano representativo coordinador y ejecutivo de los 83 Colegios de Abogados– el responsable de Comunicación tiene un contrato de 100.000 euros anuales. En cambio, Merlos gana más del doble que el presidente del Gobierno".
Si es que en fondo y comparación con periodistas tipo Merlos los políticos son unos pringados.
5 de mayo, santoral: Ángel de Sicilia, Britón de Tréveris, Crescenciana mártir, Eulogio obispo, Hilario de Arlés, León de Calabria, Sacerdote de Limoges y Teodoro obispo.