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Los eurodiputados prófugos Carles Puigdemont, Clara Ponsati y Toni Comín / EP

El Tribunal de Cuentas rechaza devolver a los líderes del 'procés' el depósito de 2,1 millones

Mantiene a Puigdemont y Comín en el procedimiento y rechaza el argumento de su “inmunidad” como europarlamentarios

Ricard López
5 min

El Tribunal de Cuentas ha rechazado la petición de ERC para recuperar el dinero que depositó como aval ante este organismo por la presunta malversación en la organización del referéndum ilegal y unilateral de independencia (DUI) de Cataluña de octubre de 2017. La formación secesionista se quedará, por tanto, sin recuperar los 2,1 millones de euros que pagó como aval a finales del año pasado, y cuya devolución ha reclamado sin éxito, pues seguirán consignados en el tribunal.

El órgano fiscalizador también ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por los europarlamentarios de JxCat Carles Puigdemont y Antoni Comín, al que se sumaron Lluís Puig, Josep Manuel Suárez y Martí Anglada, contra un decreto del Tribunal de Cuentas por el que se admitió a trámite una demanda de la fiscalía por responsabilidad contable contra varios dirigentes del procés, a los que reclama 3,4 millones de euros.

De esta manera, Puigdemont y Comín --fugados de la justicia española en Bélgica-- se mantienen en el procedimiento, ya que el órgano fiscalizador rechaza el argumento de su “inmunidad” como europarlamentarios.

Demanda de 5,3 millones por malversación

Societat Civil Catalana (SCC) demandó en su día por malversación a los dirigentes secesionistas por un total de 5,3 millones de euros, y tanto la entidad constitucionalista como el Ministerio Fiscal impugnaron los recursos de reposición que éstos presentaron. La decisión anunciada finalmente por el Tribunal de Cuentas da al traste con la intención de Puigdemont y Comín de quedarse al margen del procedimiento, y aclara que ser miembro del Parlamento Europeo no exime de cumplir con la responsabilidad contable frente al órgano fiscalizador.

En concreto, el pasado febrero, SCC registró en el Tribunal de Cuentas una demanda contra 11 ex altos cargos de la Generalitat, a los que acusa de haber malversado 5.309.807,02 millones de euros, al margen de las competencias estatutarias de la Generalitat, en gastos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y a la propaganda internacional del procés.

Ya en abril, los líderes independentistas interpusieron varios recursos de reposición contra el decreto del Tribunal de Cuentas, y fue entonces cuando el Ministerio Fiscal y SCC los impugnaron, pidiendo su desestimación.

SCC pide que "se devuelva el dinero malversado"

La presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, exige “que el dinero público malversado se devuelva y destine a fines legales y al bien común”. “La Generalitat ha dedicado durante años millones de euros de las arcas públicas, pagados con nuestros impuestos, a impulsar actuaciones sectarias que atentan contra la ley y los principios básicos del Estado de derecho”, ha añadido. Mata subraya además que SCC no permitirá que el gobierno catalán siga actuando “con total impunidad” y, por ello, “responderemos con una acción judicial a cada acto de ilegalidad”. 

Por su parte, el Bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que representa a SCC, considera que estas resoluciones permiten “garantizar parte del dinero que el independentismo malversó, con la finalidad de que pueda ser devuelto a todos los catalanes”, y “garantizan que Carles Puigdemont vaya a ser parte en el procedimiento de principio a fin, sin poder eludir sus responsabilidades”.

11 dirigentes del 'procés' encausados

Los incausados en la demanda presentada por SCC son: Carles Puigdemont (3.303.000€), Oriol Junqueras (2.515.000€), Artur Mas (1.840.000€), Raül Romeva (617.000€), Dolors Bassa (1.301.000€), Francesc Homs (1.936.000€), Antoni Comín (1.134.000€), Clara Ponsatí (900.000€), Jordi Turull (505.000€), Neus Munté (338.000€) y Lluís Puig (238.000€). 

Societat Civil Catalana les acusa de haber utilizado locales públicos para la consulta ilegal, violando así la neutralidad del espacio público, y de destinar dinero público a gastos de difusión e infraestructuras digitales para promoción del referéndum ilegal. Dinero del conjunto de los ciudadanos que también sirvió para sufragar las papeletas para votar, pagar viajes a supuestos observadores internacionales y contratar a lobis para la promoción de la causa independentista.