Torrent denuncia un intento de esconder “prácticas corruptas” de la monarquía

Roger Torrent, presidente en funciones del Parlament de Catalunya, ha utilizado la red social Twitter para denunciar este lunes un intento de esconder “prácticas corruptas” que pueden afectar a la monarquía tras las informaciones sobre regularizaciones fiscales del rey emérito, Juan Carlos I. Esta acusación se ha producido poco después de conocerse que la Fiscalía de Cataluña ha interpuesto una querella contra Torrent y tres miembros más de la mesa del hemiciclo catalán por desobediencia.

La fiscalía se ha querellado por desobediencia contra Torrent y los miembros de JxCat y ERC en la Mesa del Parlament por tramitar resoluciones a favor de ejercer la autodeterminación y para reprobar a la monarquía. Hecho que el presidente en funciones de la cámara ha reprochado acusando de “censurar debates” en un lugar en el que considera que “se ha de poder hablar de todo, y así debe continuar siendo”, ha expresado este lunes en su cuenta personal de Twitter.

Tweet publicado por Roger Torrent en su cuenta personal / TWITTER

Puigdemont apoya a la Mesa del Parlament

El expresident de la Generalitat afincado en Waterloo ha expresado en un tuit su apoyo a los políticos independentistas a los que se les ha impuesto la querella por parte de la Fiscalía. “Perseguir a Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado por permitir un debate parlamentario es un atentado a la democracia. Sin matices”, ha asegurado Carles Puigdemont en su cuenta personal. Además, ha aprovechado para criticar que esta acción es un intento del Gobierno español para “dinamitar el proyecto democrático de Cataluña”.

Tweet publicado por Carles Puigdemont en su cuenta personal / TWITTER

La Fiscalía Superior de Cataluña pide a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cite como investigados a Roger Torrent y a sus socios independentistas en la Mesa del Parlament -Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC)-, por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, al desoír supuestamente los mandatos del Tribunal Constitucional.