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La líder de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs / EFE

El Supremo investiga a Borràs por los contratos de la Institució de les Lletres Catalanes

El Alto Tribunal abre una causa penal contra la diputada de Junts per Catalunya por presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental

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El Tribunal Supremo ha abierto este martes una causa penal contra la portavoz de Junts Per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En concreto, la Sala II del Alto Tribunal, presidida por Manuel Marchena, ha acordado investigar a Borràs por la presunta concesión de contratos a dedo a Isaías Herrero Florensa durante la etapa en la que esta fue directora de la institución.

[LEA AQUÍ EL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO]

El Supremo aprecia en la actuación de la diputada indicios de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental, según reza el auto emitido este martes. Así, la sala ha admitido a trámite la petición de la Fiscalía, que el pasado 3 de diciembre pidió que se abrieran diligencias contra la diputada para esclarecer su papel al frente de la ILC. El Ministerio Público ya aseguró que esta "adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria" los contratos.

TS abre causa a Borràs / EUROPA PRESS

Contratos troceados

La etapa de Borràs al frente de la ILC está bajo la lupa por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos por valor de 259.863 euros relacionados con la programación informática de la institución entre 2013 y 2017. La persona benefiaciaria de los mismos, Isaías Herrero, es un programador con quien mantiene una "relación personal de amistad".

Así, el Supremo ha nombrado como instructor al juez Eduardo de Porres para investigar la causa contra la líder de JxCat en Madrid. De hecho, este tendría que remitir un suplicatorio al Congreso de los Diputados en el caso de que Borràs no comparezca por voluntad propia. Por otra parte, el tribunal también se considera competente para investigar a Herrero.

"Importes y conceptos inventados"

El auto aprecia que entre 2013 y 2017 se realizó un "fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros, para, incumpliendo las normas aplicables, evitar el procedimiento administrativo pertinente por tratarse de trabajos que suponían la programación informática del portal de internet de la ILC".

Borràs, según el TS, se valió de su condición de directora con la que "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio contratado, conformó la factura correspondiente y autorizó el pago", según el juzgado.

Conversaciones intervenidas

Cuando, de acuerdo con la práctica habitual de la Generalitat, se exigían tres presupuestos antes de la adjudicación para elegir la opción más ventajosa, Borràs y Herrero, "de común acuerdo, aportaban diversos presupuestos confeccionados por ellos mismos pero a nombres de otras entidades que no habían participado en su elaboración ni habían autorizado su presentación".

Por su parte, la Fiscalía reproducía en su escrito conversaciones intervenidas a Herrero, como una en la que comenta su relación con la entonces directira del ILC: "Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí"; "(...) pero que yo tengo que hacer un presupuesto bueno y... o sea tengo que hacer dos presupuestos buenos y cuatro de no buenos,..."; "(...) lo jodido es si la Borràs deja de ser directora...". En una sentencia conocida hoy, la Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco años de cárcel a Herrero por tráfico de drogas y falsificación de moneda.