Así sería el Tribunal Constitucional de la Cataluña independiente

La crisis institucional derivada del bloqueo del poder judicial ha permitido a los partidos independentistas arremeter de nuevo contra los jueces españoles por saltarse, dicen, la separación de poderes. Pero, hace cinco años, fueron los secesionistas quienes, a través de sus leyes de ruptura, plantearon la intervención directa del Gobierno de la república en el poder judicial de una Cataluña independiente. Expertos consultados por Crónica Global recuerdan aquel intento de asalto a los jueces catalanes, liderado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, así como el fiasco que supuso el proceso de elaboración de una Constitución catalana.

El abogado y expresidente del Consejo de la Abogacía catalana, Pere Lluís Huguet, ironiza respecto a que "el problema que se ha suscitado en el Tribunal Constitucional (TC) con un enfrentamiento entre magistrados conservadores y progresistas, en la nonata república catalana que se constituía por medio de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República Catalana no hubiese existido: todo hubiera sido más fácil y sin división entre los magistrados. Y ello porque las funciones del amparo constitucional estaban atribuidas en dicha ley a la Sala Superior de Garantías, presidida por el presidente del Tribunal Supremo que era nombrado directamente por el presidente de la Generalitat, y por los presidentes de sala nombrados por el Parlamento catalán por mayoría absoluta. Curiosamente la mayoría que ostentaban los independentistas y por dos magistrados también nombrados por mayoría absoluta por el Parlamento", apunta.

"Lo mismo que en Venezuela"

Añade el jurista que, "como se puede observar, ningún conflicto se habría sustanciado en el órgano constitucional de la república catalana, todos los magistrados habrían sido de la cuerda del Gobierno y seguro que no habría habido ningún conflicto. Los recursos siempre los habría ganado el Gobierno de la República. Es lo mismo que se implantó en Venezuela para desmontar el Poder Judicial, y ahora entenderán la importancia de que en los órganos constitucionales la elección de los magistrados requiera de una mayoría cualificada que determine un mínimo consenso. Resulta fácil criticar la estructura constitucional española y el régimen de mayorías cualificadas por quienes abogaban por un modelo de república que nos aproximaba a las repúblicas autoritarias".

El presidente de JxSí en el Parlament, Lluís Corominas (i); el diputado de la CUP, Benet Salellas (c), y la diputada antisistema, Gabriela Serra (d), en la presentación este lunes de la ley de transitoriedad en el Parlament / EFE

Susana Beltrán, profesora de Derecho Internacional en la Universitat Autònoma de Barcelona, se muestra sorprendida ante la "inquietud de los separatistas con la politización del Constitucional. En el Parlament, aprobaron en 2017 la Ley de Transitoriedad Jurídica, que preveía que el gobierno del Poder Judicial fuera ejercido por el nuevo Tribunal Supremo (TS) y por una comisión mixta compuesta, paritariamente, por la Sala de Govern del TS y por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, tal cual (y se quedaron tan panchos con lo votado)".

Entre las funciones de la comisión mixta estaba "proponer el nombramiento de la presidencia del Supremo, de las presidencias de las Salas Civil, Penal, Contencioso-administrativo y social del Supremo así como participar en los procesos selectivos de jueces y magistrados. Es decir, una intervención directa del Govern en el Poder Judicial".

A juicio de la profesora universitaria, "urge, para nuestra democracia, preservar la independencia del Tribunal Constitucional frente a injerencias del poder ejecutivo y legislativo". "Y urge, también, autocrítica de los separatistas por las barbaridades que nos quisieron imponer a todos los catalanes con la Ley de Transitoriedad Jurídica", añade.

Sin separación de poderes

"El independentismo catalán se propuso acabar con el orden constitucional, con el Estado de derecho, en definitiva, con los derechos y libertades de todos los catalanes. El nuevo marco jurídico que se quería establecer pretendía acabar con la separación de poderes y otorgar a Puigdemont poderes absolutos", explica París Grau, profesor en el grado de Filosofía, Política y Economía de la Universidad Ramon Llull.

En su sistema "no cabría separación de poderes alguna. Si se lo saltaron cuando no dependía de ellos, ¿qué no harían siendo ellos los máximos decisores? A los populismos, y el independentismo catalán lo es, no les gusta que terceros puedan fiscalizar, controlar y juzgar sus actos". Concluye que "en la Cataluña independiente de Puigdemont y compañía no podría existir separación de poderes alguna ni Tribunal Constitucional alguno que velara por los derechos fundamentales".

El fiasco de la Constitución catalana

A pesar de la nulidad de las leyes de desconexión --referéndum y transitoriedad-- y del procesamiento de los dirigentes que impulsaron el procés, el Gobierno de Quim Torra intentó dar un paso más en ese camino hacia la independencia con la creación del Consejo Asesor para el Impulso del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente, liderado por el cantante Lluís Llach y cuya finalidad era sentar las bases de una futura Constitución catalana. Fue un fracaso. Las peleas internas y la falta de dinero bloquearon los trabajos. No se presentó ningún informe al Govern. Las actas de las reuniones de este Consejo --integrado, entre otros, por la republicana Marta Rovira, el expodemita Albano Dante Fachín, la cupaire Gabriela Serra y la periodista Beatriz Talegón-- a las que tuvo acceso Crónica Global denotaban no solo el absentismo de sus principales integrantes, sino el secretismo que se pretende dar a los trabajos. 

El expresidente Quim Torra y el cantante Lluís Llach, quien presidió el Consejo Asesor del Fórum Cívico creado para implementar el independentismo / CG

“Existe una evidente preocupación de diversos miembros del Consejo por no generar falsas expectativas a la gente” y “se provoca muchas veces un verdadero batiburrillo entre lo que es, lo que debe hacer, el Consejo”, da cuenta la transcripción de los encuentros. 

“Hay una importante falta de consenso (que es absolutamente esencial) en relación a los objetivos reales del Fórum y cuál es el proceso que el Consejo debe seguir. En este punto, parece que se vaya constantemente hacia delante y hacia detrás sin acabar de encontrar un punto de inflexión”, añaden. El Consejo quedó finalmente disuelto.