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Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, en el último pleno de julio en el Parlament / EFE

La 'semana grande' del Gobierno de Puigdemont

Los independentistas activan el choque de trenes con la aprobación, en vísperas de la Diada, de las leyes de ruptura

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Semana decisiva para el conflicto independentista. Pero esta vez de verdad. Los independentistas catalanes tienen previsto aprobar esta semana la ley del referéndum y, muy probablemente, también la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república. Hasta ahora persistía la duda sobre la vía a seguir, es decir, si finalmente se aprobaba en el pleno que comienza el próximo miércoles en el Parlamento de Cataluña o si pasaba a manos del Gobierno de Carles Puigdemont para que se convierta en decreto ley. Las discrepancias entre las formaciones secesionistas y el tacticismo han estado detrás de esas dudas. Parece que la balanza se inclina por la vía parlamentaria.

Pero lo cierto es que ha llegado la hora de la verdad, pues de la propaganda independentista se pasará en los próximos días a la toma de decisiones con consecuencias jurídicas. Por ello, el Tribunal Constitucional (TC) se reunirá en una sesión ordinaria los días 6 y 7 de septiembre, coincidiendo con el Pleno del Parlament a la espera de que se aprueben las leyes de ruptura. Y es que, aunque los independentistas han recurrido a varias tretas legales para recortar el margen de maniobra del Gobierno, lo cierto es que las instituciones del Estado permanecen en alerta para responder de inmediato. Por ejemplo, el Gobierno central, que puede celebrar varias reuniones del Consejo de Ministros. Todo ello a las puertas de la Diada del 11 de septiembre, lo que garantiza una fuerte agitación de las bases separatistas.

Aunque las leyes del reférendum y de transitoriedad ya han sido registradas, la Mesa del Parlament no las ha tramitado todavía, algo sin precedentes. Se trata de una situación anómala que ha llevado a toda la oposición --PSC, PP, Ciudadanos y CSQP-- a exigir a la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, un informe jurídico que justifique su empeño es esconder las leyes.

Alterar el orden del día del pleno

Sobre los miembros independentistas de la Mesa, incluida Forcadell, pesa una querella penal que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobedecer al TC y tramitar resoluciones rupturistas. De ahí que cobre fuerza la idea de que en el Pleno de esta semana se alterará el orden del día para, en mitad de la sesión, introducir por la vía exprés --sin debate, en lectura única y sin posibilidad de pedir dictamen ante el Consejo de Garantías Estatutarias-- el debate de la ley del referéndum.

Es la ley más urgente, pues queda solo un mes para la fecha señalada, el 1 de octubre. La CUP y ERC prefieren que también se apruebe la ley de transitoriedad antes del referéndum, no así PDeCAT, que defiende su aprobación con posterioridad al 1-O. Los nuevos convergentes apostaban por la vía del decreto ley, es decir, que sea el Gobierno catalán el que apruebe las normas de ruptura. “No es lo mismo inhabilitar a la Mesa del Parlament que a todo un Gobierno”, explican fuentes convergentes.

¿Junqueras inhabilitado?

El martes se celebrará la reunión semanal del Consejo Ejecutivo del Gobierno de Puigdemont y se despejarán algunas incógnitas en este sentido.

La aprobación de la ley del referéndum es el paso previo a la convocatoria del mismo, algo que compete al Ejecutivo autonómico y que hará de forma inmediata. La reacción de Madrid será inmediata. Una inhabilitación --se descarta la aplicación del artículo 155 de la Constitución (suspensión de la autonomía)-- con Puigdemont en cabeza, se podría hacer extensiva al vicepresidente Oriol Junqueras (ERC), truncando así sus perspectivas presidenciales.

Mientras el presidente convergente no tiene intención de revalidar su título, el líder republicano aparece ya ungido en las encuestas de intención de voto como futuro mandatario catalán. No obstante, algunos juristas creen que, aunque tuviera lugar una firma colegiada de todos los consejeros, en base al principio jurídico de mínima intervención y al decreto que regula las competencias de los consejeros de la Generalitat, solo Puigdemont y la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, serían responsables penales. Ambos son del PDeCAT.