Los alcaldes del PDeCAT se rajan ante el referéndum

Llega la hora de la verdad. La propaganda independentista cederá paso en breve a actuaciones jurídicas encaminadas a celebrar el referéndum, y eso está provocando tensiones en ayuntamientos donde gobierna PDeCAT.

Aunque oficialmente, los nuevos convergentes aseguran que están dispuestos a llegar hasta el final, el goteo de ayuntamientos convergentes que se muestran tibios con el procés ha sido constante desde que, a principios del mes de julio, la alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, advirtiera de que no existe la certeza absoluta de que el referéndum se celebrará. 

"Un callejón sin salida"

Las palabras de Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona y del Consell Nacional del PDeCAT --es la principal líder municipal que tiene el partido convergente-- agitó las conciencias municipales. “Nos podríamos llegar a encontrar con un callejón sin salida. No sabemos en este momento adónde llegaremos”, dijo Conesa.

Otro hombre fuerte en el territorio, el alcalde de Vila-seca y presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet, impidió debatir mociones sobre el referéndum tanto en su ayuntamiento como en el ente supramunicipal. El gobierno municipal alegó que se trata de un debate que corresponde ya al Parlament. Los argumentos no convencieron a ERC y CUP.

Salou, Reus, Sant Feliu de Pallerols

En Sant Feliu de Pallerols (Tarragona), su alcalde, Joan Casas, fue igualmente criticado por abstenerse en una moción de adhesión al Pacto Nacional por el Referéndum. Y en Reus (Tarragona), el alcalde Carles Pellicer sublevó a la CUP por abstenerse en la votación de una moción de los antisistema sobre la creación de una comisión municipal para coordinar la organización del referéndum. La excusa en este caso es que, pese a su defensa del 1-O, el PDeCAT discrepaba de algunos puntos de la iniciativa.

Igualmente ambigua ha sido la posición de Pere Granados, alcalde de Salou (Tarragona). Miembro de Formació Units per Salou pero que encabezó la lista municipal de CiU, sorprendió a propios y extraños al votar, a principios de julio, a favor del referéndum pero, al mismo tiempo, se aseguraba que “en ningún caso contribuiremos cediendo espacios, medios y recursos municipales, destinados a dar apoyo a procesos, que no tengan una cobertura legal o contravengan resoluciones de los juzgados y tribunales”.

El último municipio que se ha sumado a esos desmarques ha sido Altafulla (Tarragona), donde Fèlix Alonso, de EUiA y que gobierna con el apoyo del PDeCAT, ha pedido al Govern que “sea el máximo responsable del referéndum” y que “no pase la pelota a los alcaldes”.

Alonso ha afirmado en la radio local que “tenemos declaraciones de intenciones con un fuerte contenido político, pero todavía no hay nada convocado”. Culpa al Gobierno del PP del previsible choque de trenes, pero admite que “al Gobierno catalán también le ha faltado capacidad de negociar porque no tenemos tanta prisa”. Asimismo, ofrece la posibilidad de hacer la votación del 1-O en un instituto y un albergue de Altafulla, pero ha pedido al presidente Carles Puigdemont “que sea el Gobierno catalán el máximo responsable y no nos pase la pelota y la responsabilidad a los alcaldes y alcaldesas, como ya lo hicieron en el 9N”.