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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría / EFE

Segunda carta del Gobierno a los ayuntamientos catalanes sobre la ilegalidad del 1-O

El equipo de Rajoy recuerda a los municipios que tienen prohibida la cesión de locales para la votación así como la difusión de propaganda

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El 1-O es ilegal y “ningún ayuntamiento” podrá ceder locales para las votaciones, permitir la difusión de propaganda o autorizar “cualquier colaboración que ayude al desarrollo” de la consulta. En estos términos, por medio de carta, se ha dirigido el Gobierno español a los 947 municipios catalanes por segunda vez en una semana, a pocas horas de que comience la campaña del referéndum en Tarragona.

La misiva comienza con la “confianza” y el “apoyo” del Gobierno a que se respete el marco constitucional y estatutario en todos los ayuntamientos catalanes. La Moncloa recuerda a los cargos municipales sus obligaciones y les insiste en que cuenten con ella si necesitan ayuda. En estos momentos, más de 700 alcaldes​ han asegurado que facilitarán el 1-O.

Ley suspendida

En la carta, el Gobierno recalca que el Tribunal Constitucional ha suspendido la ley del referéndum y los decretos que la desarrollan, por lo que traslada a esos cargos municipales que no les obliga “ninguno de sus preceptos”. También se dirige así a la Generalitat y otras entidades que solicitan la participación a los ayuntamientos, a quienes alerta además de las instrucciones de la fiscalía.

“Queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualquier acto dirigido a llevar a cabo el referéndum”, por lo que “ningún ayuntamiento podrá ceder locales de titularidad municipal para las votaciones ni ceder espacios públicos para la colocación de publicidad o para la celebración de actos sobre la consulta, independientemente de que sean solicitados por partidos políticos, instituciones, asociaciones o entidades privadas”.

Resuelve dudas

Es más, explica que los ayuntamientos tampoco podrán “permitir la difusión de propaganda en soportes o medios municipales, utilizar fondos públicos para la elaboración o impresión de documentos relativos a la consulta y, en general, autorizar o permitir cualquier colaboración que ayude al desarrollo del referéndum”.

Finalmente, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro —mano derecha de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría—, dice a los secretarios e interventores municipales catalanes que está a su disposición para “las dudas” que quieran formular, al tiempo que les traslada su “apoyo personal y el de todo el Gobierno”.