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De izquierda a derecha, Pere Ferrer, Miquel Buch y Eduard Sallent, la cúpula de la policía autonómica / EP

Revolcón de la justicia a la 'policía patriótica' de Puigdemont

Los tribunales corrigen la tolerancia de la División de Asuntos Internos de los Mossos con el escolta que compartió con Joan Laporta y con las soflamas de agentes independentistas

5 min

Los intentos del independentismo por asaltar el Barça, una de las instituciones más influyentes en Cataluña, han destapado las maniobras de Carles Puigdemont y su “policía patriótica”, cuya finalidad es indagar en las interioridades del club a pesar, tal como ha informado Crónica Global, de que ya existe una investigación judicial paralela. ¿Cómo es posible que esa guardia pretoriana del expresident fugado pueda actuar impunemente, a pesar del controvertido pasado de sus miembros? Pues gracias a la tolerancia de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra.

El sargento de los Mossos Lluís Escolà (i) ejerció de escolta de Carles Puigdemont tras su fuga / EFE
El sargento de los Mossos Lluís Escolà (i) ejerció de escolta de Carles Puigdemont tras su fuga / EFE

Lluís Escolà, el sargento que antes de ejercer de escolta de Puigdemont en Bélgica desempeñó funciones de seguridad para Joan Laporta en el Barça y en el primer equipo, se libró de ser sancionado por la DAI a pesar de la existencia de un expediente abierto. Durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, cuando la Generalitat estaba tutelada por el Gobierno español, se abrió expediente a Escolà. “Pero, milagrosamente, éste desapareció cuando se levantó el 155”, explican fuentes sindicales.

Sin embargo, el agente no se libró de ser investigado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abrió diligencias en base a una querella de la fiscalía contra Escolà y el consejero de Interior, Miquel Buch. Ambos están inculpados ante la sospecha de que el sargento fue pagado con dinero público mientras ejercía como escolta "permanente" de Puigdemont. En efecto, el consejero le fichó como asesor en el verano de 2018 con un sueldo de 75.000 euros al año

¿Exceso de celo?

Al frente de la DAI está Jaume García Valls, a quien el consejero de Interior ascendió recientemente a comisario y que depende de un hombre de la máxima confianza de Miquel Buch, el director general Pere Ferrer. Esos comisarios fueron elegidos en abril de 2019 mediante un sistema de libre designación pilotado por el predecesor de Ferrer, Andreu Joan Martínez. La mayoría de los elegidos tenían un perfil independentista.

García Valls fue el responsable de la “mayor investigación que se ha hecho nunca” anunciada por la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, referente a las cargas policiales contra el activismo independentista. Un nuevo ejemplo de ese doble rasero de los responsables de hacer cumplir las normas a los agentes de la policía autonómica, quienes demuestran exceso de celo en expedientar a mossos que aseguran que “la república no existe” o denuncian la politización de este departamento. En este sentido, es conocido el caso de Inma Alcolea, la cabo sancionada por la Consejería, a la que la justicia ha dado la razón en varias resoluciones tras un largo vía crucis administrativo y judicial.

Albert Donaire, el mosso independentista acusado por la Fiscalía de un delito de odio / FACEBOOK
Albert Donaire, el mosso independentista acusado por la Fiscalía de un delito de odio / FACEBOOK

Los tribunales acaban de dar un nuevo revolcón a esa DAI, en este caso en referencia al polémico líder de los Mossos independentistas, Albert Donaire, muy activo en redes donde insulta y amenaza a políticos, jueces y demás dirigentes que no comparten su ideología.

Hace tres años que la DAI asegura estar tramitando un expediente disciplinario sobre las declaraciones de Donaire, sin que de momento se sepan los resultados. Por el contrario, la justicia sí ha demostrado celeridad al remitir esta semana las diligencias de la Fiscalía de Girona a la Audiencia Nacional, dado que Donaire es susceptible de haber cometido un delito de injurias al Tribunal Supremo.