El relator de la ONU, subvencionado por Puigdemont, critica el juicio del 1-O

“La disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar a cargos penales”. Así opina el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes. Y así lo hizo constar en un informe publicado tras una visita a España que incluyó, entre otros, un encuentro con el consejero del consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Ciudadanos acaba de enviar una carta a Varennes en la que lamenta su rechazo a reunirse con el partido que ganó las elecciones en Cataluña lo que, afirma la formación naranja, le hubiera permitido elaborar un informe, cuando menos más completo, sobre el procés, así como de la situación de las “minorías lingüísticas” que el representante de Naciones Unidas asegura estar obligado a proteger.

La posición del relator de la ONU sobre los presos independentistas se enmarca en las estrechas relaciones que mantiene el Govern con ese organismo internacional y que, durante el gobierno de Carles Puigdemont, se tradujo en acuerdos y subvenciones por parte de la Generalitat que en algunos casos superaban los 100.000 euros. Esos acuerdos fueron firmados en Ginebra, ciudad que forma parte de la red de embajadas de la Generalitat que dirige Bosch. El pasado mes de octubre, el presidente Quim Torra pronunció una conferencia en la capital suiza, en la que reclamó la mediación internacional. Ana Gabriel (CUP) y Marta Rovira (ERC) se fugaron a Ginebra para eludir a la Justicia española.

Convenio entre la Generalitat y las Naciones Unidas en el que Carles Puigdemont firma como representante de la Generalitat y del Reino de España / CG

Convenio entre la Generalitat y las Naciones Unidas en el que Carles Puigdemont firma como representante de la Generalitat y del Reino de España / CG

Varennes hizo una visita oficial a España entre el 14 y el 25 de enero de 2019. Durante su estancia se reunió con los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior o Educación; la fiscal general del Estado y miembros del Tribunal Supremo. En Cataluña, el relator mantuvo un encuentro con el consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

Ciudadanos cree que el informe elaborado por el relator de la ONU --que puede leerse en este enlace-- adolece de una visión parcial de la realidad catalana. La formación naranja solicitó una reunión con Varennes, pero éste alegó motivos de agenda para rechazar la petición.

"Actos que no involucraban violencia"

Varennes alude en su documento a un “Estado unitario fuertemente descentralizado” cuando, según sostiene Cs, en realidad “el Estado autonómico español es un sistema de corte federal, atendiendo al alto nivel de competencias”. Pero lo más “sorprendente”, a juicio de la formación naranja --y así lo hace constar en una carta dirigida al delegado de Naciones Unidas-- es la referencia “al proceso judicial contra los líderes políticos que llevaron a cabo un intento de subvertir el ordenamiento democrático constitucional declarando la independencia de Cataluña mediante la secesión unilateral del Reino de España”.

En el informe, De Varennes recuerda que “el relator especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión emitió un comunicado el 6 de abril de 2018 instando a las autoridades españolas a abstenerse de presentar cargos penales de rebelión contra figuras políticas y manifestantes pertenecientes a la minoría catalana. Indicó que tales cargos por actos que no involucraban violencia o incitación a la violencia podían interferir con los derechos de protesta pública y disensión. Aunque consideró el asunto estrictamente desde el punto de vista de la libertad de opinión y expresión bajo este mandato, también me sumo a sus preocupaciones en términos sobre el mensaje que esto da a las minorías en general, ya que la disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar, como señala el Relator Especial, a cargos penales, ya que tales restricciones solo deben imponerse cuando son estrictamente necesarias y proporcionadas”.

La queja de Cs

En este sentido, afirma Cs que “nos parece de todo punto improcedente y errónea la catalogación como ‘disidencia política no violenta de una minoría’ que el Relator hace de los autores de ese intento de subvertir del orden político de un Estado miembro de la Unión Europea como España, considerada por todos los estándares internacionales una de las democracias más avanzadas del mundo. ¿Cómo puede catalogar de “disidentes políticos no violentos” a los políticos que desde las propias instituciones del Estado (en este caso el Gobierno regional) han tratado de romper la unidad territorial del Estado, violando así los derechos de ciudadanía y las libertades de los ciudadanos catalanes y del resto de España?”.

El relator alude en su informe al mandato que tiene en materia de protección de la minorías, concepto con el que alude a “cualquier grupo lingüístico, religioso o étnico que cuente menos de la mitad de la población del Estado (en este caso el Estado español)”. Cs recuerda que en Cataluña “se imparten 0 horas de español a la semana en Educación Infantil, 2 en primaria, 3 en educación secundaria obligatoria y 2 en bachillerato. Todo el resto de asignaturas son en catalán. De la misma manera, todas las comunicaciones y todo el material escrito son siempre en catalán. Muchas familias, especialmente las venidas recientemente de fuera, se quejan de que los profesores realizan las reuniones en catalán y se niegan a cambiar de idioma aunque se les diga que tienen problemas para entenderlo. Este modelo se empieza a extender por la Comunidad Valenciana y Baleares”.

La lengua española, minoritaria

“En Cataluña --añade--, fuera del ámbito educativo, pero que afecta a la lengua española por cuanto es minoritaria en el terreno institucional, se multa a los comercios que no rotulan sus establecimientos”.

El Relator menciona la lengua “a fin de que no sea objeto de discriminación”, pero Cs recuerda “la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la lengua española como lengua vehicular muy minoritaria del sistema educativo en Cataluña. Además, la lengua española es la lengua materna de la mayoría de los catalanes, por lo que tampoco se estarían cumpliendo los estándares de protección para las lenguas maternas de la Unesco”.

La diputada de Cs Susana Beltrán lamenta, en declaraciones a Crónica Global, que el relato Varennes no encontrara un hueco en su agenda para reunirse “con la formación que ganó las elecciones en Cataluña porque lo lógico hubiera sido que recabara información, no solo de instancias gubernamentales, para ser objetivo y conocer la realidad catalana”.

Beltrán confía en que el relator pueda incorporar sus reflexiones en las conclusiones finales, que se presentarán al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2020.

Estrecha relación entre Generalitat y Naciones Unidas

La relación entre Naciones Unidas y la Generalitat es muy estrecha, como se puede comprobar en los acuerdos firmados entre el Gobierno de Puigdemont y Naciones Unidas, a los que ha tenido acceso este diario. A finales de 2016, el expresidente catalán firmó un convenio con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por el que el Govern se comprometía a contribuir económicamente en la defensa de los mismos.

La Administración catalana realizó una aportación de 100.000 euros. El documento está firmado en Ginebra por el alto comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en representación de la citada Oficina del Alto Comisionado, mientras que, curiosamente, Puigdemont rubrica el acuerdo en representación de “la Generalitat de Cataluña (Reino de España)”.