El PP denuncia al Ayuntamiento de Vic por vetarle un acto

El PP ha presentado una denuncia en Fiscalía contra el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) por vetar un acto informativo del partido alegando que atentaba contra la moral y las buenas costumbres. Los populares consideran que el Consistorio, con Anna Erra al frente (Junts per Catalunya), ha cometido un supuesto delito de prevaricación.

El pasado 28 de diciembre de 2021 el PP solicitó al Ayuntamiento autorización para ocupación de vía pública, concretamente para instalar en la confluencia de la calle Verdaguer con la plaça Major una parada informativa. El concejal delegado de Món rural, Medi ambient, Manteniment, Serveis i Via, Albert Castells, denegó la solicitud invocando el artículo 96 de la Ordenanza municipal de Buen Gobierno, Civismo, Buenas costumbre y Convivencia ciudadana, que regula el uso de la vía pública.

Según el artículo esgrimido "la autoridad municipal podrá autorizar o denegar discrecionalmente cualquier otra clase de uso anormal del suelo de la vía pública y de terrenos del común que no estén regulados en los artículos de esta ordenanza. No se autorizará ninguna licencia para ejercer en la vía pública actividades contrarias a la moral, a las buenas costumbres ciudadanas, o al orden público".

La denegación, afirman los populares, "carece de razón y es contraria a los principios constitucionales a los que están sometidos los poderes públicos en nuestro país. La Constitución de 1978 constituyó un Estado social y democrático de Derecho (art.1.1 CE). Esta caracterización de nuestra nación conlleva aparejado, entre otros, el sometimiento de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art.9.1 CE), así como la garantía y el cumplimiento del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art.9.3 CE)".

Considera el partido que "nos encontramos ante una actividad municipal fuera de razón y criterio alguno, basada en el capricho de poder público" pues el Consistorio "no fundamenta ni aporta ningún criterio objetivo ni contrastable que sostenga que la ocupación de la vía pública solicitada por el PP no puede ser atendida por ser contraria “[…] a la moral, a las buenas costumbres ciudadanas, o al orden público” como señala el consistorio de Vic".