Marchena, el magistrado que vetó el PSOE, 'hace' ahora la campaña de Sánchez

Vetado. Alabado. Y ahora respetado por todos los dirigentes políticos españoles. Pero, especialmente, por Pedro Sánchez y la vieja guardia del PSOE. El magistrado Manuel Marchena, presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, ha inclinado la balanza hacia el delito de sedición en la sentencia sobre el 1-O, la apuesta que había formulado la Abogacía del Estado. Eso ahora supone un respaldo para el presidente del Gobierno, frente al PP y Ciudadanos, que no se movían del delito de rebelión. Esa es la paradoja que vive el PSOE.

Fue Alfredo Pérez Rubalcaba quien, en noviembre de 2013, vetó el nombre de Marchena en las negociaciones con el PP para renovar la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y fue el mismo Rubalcaba quien admitía a sus interlocutores, a lo largo del juicio del procés, que se había equivocado y que Marchena actuaba como un juez “excepcional”. Rubalcaba ya no conocería el fallo del juez Marchena. Falleció en mayo de 2019. Poco después, el 12 de junio, Marchena pronunciaba su “visto para sentencia”, tras finalizar el juicio en el Tribunal Supremo.

El reproche de Vox y la derecha mediática

Algunos de aquellos veteranos socialistas recuerdan las palabras de Marchena, con una idea que promueven de cara al futuro: que los profesionales más capacitados, los expertos, sean elegidos para los puestos más sensibles en las estructuras del Estado, al margen del color o del supuesto color que se les asigne. Rubalcaba entendía en 2013 que Marchena era un juez conservador, muy próximo al PP. Era la apuesta de Mariano Rajoy, que había ganado las elecciones por mayoría absoluta en 2011. Finalmente, el nombre elegido fue Carlos Lesmes, con un reparto descarado entre el PP y el PSOE.

Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzga el 'procés'. Ya hay sentencia / EFE

Ahora la sentencia le viene bien al candidato Pedro Sánchez de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Tanto los independentistas como los sectores de la derecha política y mediática más dura han reaccionado en contra. Sin quererlo, sólo buscando “una sentencia que obedeciera a los hechos”, como señalan fuentes jurídicas, Marchena se ha situado en el centro, en el centro político y social en España y en Cataluña. Enemigo ahora para un partido como Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, ha señalado que la sentencia es una “vergüenza para España y para el Supremo” por no estimar el delito de rebelión. La sentencia, según Abascal, “está hecha a la medida de Sánchez”.

¿Beneficios penitenciarios?

Las reflexiones internas del PSOE ya habían tenido efecto meses antes. El propio Rubalcaba había interiorizado que si en 2013 se había cometido un error, en noviembre de 2018 se podía rectificar. Pero las cosas habían cambiado. Era Pedro Sánchez el presidente del Gobierno, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy a finales de mayo del mismo año. En noviembre, el PSOE y PP buscaron un nuevo acuerdo, y esta vez con Manuel Marchena como presidente del CGPJ. Pero la filtración de un mensaje de WhatsApp del senador del PP, Ignacio Cosidó, lo impidió. Señalaba Cosidó que la elección de Marchena serviría para controlar la “sala segunda desde atrás”. El juez renunció al cargo al conocerse esa filtración, y siguió --nueva paradoja-- al frente de la sala segunda del Supremo, encargado de dirigir el juicio y de dirimir la sentencia del caso del procés.

Pero, ¿qué ha propiciado Marchena que el PSOE valora y que Ciudadanos y PP han acabado entendiendo que puede ser lo mejor? La sentencia del Supremo no recogió la petición de la Fiscalía para que sólo se concedieran beneficios penitenciarios a partir del cumplimiento mínimo de la mitad de la pena. No será así, y los políticos presos podrán acogerse a tratos más benevolentes en poco tiempo.

Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Casado (PP) en una foto de archivo / EUROPA PRESS

Marchena decide

Marchena, de nuevo en el centro, deja a quien gane las elecciones el 10 de noviembre con la necesidad de recuperar el asunto desde una óptica política. Y se guarda, además, las espaldas. Con la posibilidad de que sea la política penitenciaria la que pueda mejorar las condiciones de los presos, los jueces del Supremo dejan la cuestión en la esfera política, pero si hay excesos, serán ellos quienes decidirán. Los recursos de la Fiscalía a esas decisiones --la Generalitat tiene transferida la política penitenciaria, y es la única Comunidad Autónoma que la tiene-- “los resolverá la propia sala del Supremo, que los analizará caso por caso”, como señalan las mismas fuentes jurídicas consultadas.

Decisiones, las del Tribunal Supremo, que hacen la campaña de Pedro Sánchez, que mantuvo esa apuesta por el delito de sedición a través de la Abogacía del Estado, y que permite, a toda la clase política española y catalana, entrar en un nuevo periodo, siempre que se quiera aprovechar.

Rubalcaba se lamentaba, en los primeros meses de 2019, del error cometido en 2013. Años después, el juez Marchena le ha brindado, con su trabajo profesional en el Supremo, una oportunidad a Pedro Sánchez.