La maniobra de Sánchez en el 'caso Pegasus' descoloca al independentismo

El caso Pegasus ha dado un giro de guion de 180 grados que casi nadie esperaba y que, sobre todo, ha dejado descolocado al independentismo catalán. No solo los promotores del procés fueron espiados con el software israelí, sino que los móviles de miembros del Gobierno también se infectaron con el virus. Al menos, el del presidente, Pedro Sánchez, y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Así lo anunció el lunes por la mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una comparecencia de urgencia –convocada apenas dos horas antes, en pleno festivo en la Comunidad de Madrid– que supuso un golpe de efecto en toda regla. Desde ese momento, aquellos a los que el nacionalismo catalán señalaba como responsables de una conspiración antidemocrática pasaban a compartir con ellos el papel de presuntas víctimas.

Cambio de relato

Bolaños no se ha excedido en los detalles, pero sí ha dejado claro que los móviles de Sánchez y de Robles --cuya cabeza habían pedido los independentistas-- se contaminaron hace casi un año con el Pegasus, que fueron “ataques externos e ilícitos” y que los intrusos lograron acceder a gran cantidad de datos (2,6 gigas en el caso del presidente y 9 megas en el de la titular de Defensa).

No ha trascendido desde cuándo conocía el Ejecutivo la intrusión en sus móviles. Pero la fecha en la que se ha hecho público parece cuidadosamente escogida: unos días antes de las comparecencias de Robles (el miércoles) y de la directora del CNI, Paz Esteban (se prevé que a final de semana, en la comisión de secretos oficiales), en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Pegasus. Eso sí, ahora con un nuevo relato sobre la mesa.

La sombra de la duda, con la ayuda del PP

Durante la comparecencia, Bolaños se ha esforzado en extender la sombra de la duda tanto como ha podido sobre los espionajes. Así, el ministro ha insistido en que "hay constancia de al menos 50 países donde ha estado Pegasus, y al menos 20 en los que ha sido utilizado de manera ilícita contra miembros de sus gobiernos” o “personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos”.

Aunque Bolaños no ha querido entrar en la coincidencia de fechas entre la contaminación de los móviles y la toma de decisión de los indultos a los líderes del procés, sí lo ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, poco después. “Probablemente sea una casualidad, pero en pleno debate con los independentistas y de la estabilidad del Gobierno, que nos enteremos de que la ministra de Defensa y el presidente han sido objeto de este presunto espionaje no deja de ser una casualidad política no menor", ha subrayado el dirigente popular.

El independentismo, descolocado

En todo caso, la maniobra del Gobierno ha surtido efecto y ha dejado al independentismo noqueado. ERC, Junts per Catalunya y la CUP han limitado su respuesta a poner en duda que el Ejecutivo haya sido espiado. El líder ERC, Oriol Junqueras (socio parlamentario del PSOE), ha considerado que "puede ser una cortina de humo para intentar diluir sus responsabilidades" en el caso Pegasus.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat), se ha preguntado si no se trata de “una maniobra para pasar de verdugos a víctimas”. “No cuela”, ha insistido. Mientras que el diputado autonómico de la CUP Xavier Pellicer ha calificado la denuncia del Gobierno de “teatralización” y de “cortina de humo”.

Responsabilidad política de Bolaños

Por otra parte, el nuevo relato del Gobierno da un respiro a la ministra de Defensa, principal señalada hasta ahora por los adversarios políticos del Ejecutivo, pero sitúa en el punto de mira a otros miembros. Sobre todo, los relacionados con la seguridad del presidente, que se ha visto seriamente vulnerada y que afecta negativamente a la imagen internacional de España.

La principal señalada es la directora del CNI, Paz Esteban, máxima responsable del contraespionaje. Pero el caso también salpica al propio Bolaños, pues cuando se infectaron los móviles con el programa Pegasus él era el secretario general de la Presidencia (fue nombrado ministro en julio de 2021) y, por tanto, corresponsable político de la seguridad del presidente Sánchez.