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Laura Borràs, portavoz de JxCAT en el Congreso / EFE

Piden la imputación de Laura Borràs por cuatro delitos relacionados con corrupción

Una jueza de Barcelona ve indicios de delito en la concesión de cerca de una veintena de contratos públicos 'a dedo' por parte de la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso

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Laura Borràs podría haber perpetrado cuatro delitos relacionados con la corrupción política. Así lo defendió la Fiscalía y así lo ve también la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, quien ha pedido que sea imputada por los presuntos contratos otorgados a dedo cuando la diputada de Junts per Catalunya en el Congreso lideraba la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La Fiscalía de Barcelona la señaló como posible perpetradora de los delitos de prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental, al igual que lo ha hecho la jueza al pedir su imputación, según avanza El Confidencial. La magistrada ve indicios de adjudicaciones irregulares de 18 contratos por parte de Borràs entre 2013 y 2017.

Contratos a un amigo

El beneficiario de los contratos otorgados, supuestamente, de forma fraudulenta sería Isaías Herrero, informático y diseñador web que fue investigado en 2017 por un presunto delito de tráfico de drogas a través de la deep web. Según defiende la magistrada, las facturas giradas a este programador corresponden a servicios que nunca prestó al ILC, organismo público dependiente de la Generalitat. 

La documentación apunta a que estos pagos se realizaron en montanes bajos --menores de 18.000 euros--, con la intención de no llamar la atención sobre las facturas y se sortearan los controles de desvíos de fondos. 

Inmunidad parlamentaria

La justicia cuenta, sin embargo, con un escollo que salvar: el aforamiento. Borràs es --además de diputada-- miembro de la Diputación Permanente del Congreso, por lo que cuenta con inmunidad política. Un hecho que ha impedido que haya sido imputada de manera formal, todavía. 

La institución judicial que cuenta con competencias para ello es el Tribunal Supremo, que deberá valorar la exposición razonada sobre la necesidad de que sea investigada por corrupción que remite la jueza de Barcelona y, en caso afirmativo, llevar a cabo este señalamiento legal.

Registro de los Mossos

La investigación saltó a la luz en noviembre de 2018, cuando varios agentes de los Mossos d'Esquadra registraron el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) para investigar la presunta contratación irregular de servicios informáticos.

En aquel momento, Borràs --que ha había accedido al Govern gracias a su nombramiento como consejera de Cultura-- aseguró estar "muy tranquila" ya que estaba segura de no haber perpetrado ninguna ilegalidad y no tenía "nada que esconder".