La fiscalía se opone a que Mas declare por escrito en relación al asedio al Parlamento autonómico

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, no puede hacer uso de la prerrogativa que contempla la ley para declarar por escrito en el juicio contra 20 activistas del movimiento de los indignados que participaron en el asedio al Parlamento autonòmico el 15 de junio de 2011.

En un escrito dirigido a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, el ministerio fiscal se opone a la petición que había hecho Mas para declarar por escrito. Mas había aducido que el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los presidentes autonómicos declarar por escrito, cuando son citados como testigos "sobre los hechos de los que tengan conocimiento por razón de su cargo". La fiscalía, no obstante, argumenta que Mas no "tuvo conocimiento" del asedio al Parlamento autonómico por razón de su cargo, sino de forma directa, como "víctima o agraviado por la situación de coacción sufrida".

Si la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional escuchara el criterio de la fiscalía, esto no quiere decir que Mas tenga que viajar a Madrid para declarar en persona. El mismo artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal añade que, cuando un presidente autonómico tiene que declarar "sobre cuestiones de las cuales no haya tenido conocimiento por razón de su cargo", la declaración se tomará "en su domicilio o despacho oficial".

Por este caso, también están citados a declarar como testigos la presidenta de la Cámara autonómica, Núria de Gispert, y varios diputados y agentes de los Mossos d'Esquadra. De Gispert podría elegir declarar desde su despacho, pero no así los otros diputados.

Los otros testigos

La fiscalía pidió en su momento la comparecencia de los entonces diputados -algunos de ellos ya no lo son- Antoni Fernández, Montserrat Tura, Joan Boada, Gerard Maria Figueras, Josep Maria Llop, Jordi Turull, Alfons López Tena, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.

En el juicio, que tendrá lugar a partir del 31 de marzo, están acusados 20 manifestantes, por delitos contra las instituciones del Estado y contra la autoridad. Los acusados se enfrentan a una pena de cinco años y medio de prisión y una multa de 7.500 euros, que es lo que pide la Fiscalía.

Según el escrito de acusación, los 20 imputados tuvieron "comportamientos y actitudes violentas e intimidatòries", con el objetivo "de impedir la asistencia de los diputados" al pleno del Parlamento autonómico de aquel día, que debatía los presupuestos de 2012. A aquel pleno asistieron sólo 70 de los 135 diputados. Tanto Mas como De Gispert, así como otros parlamentarios, llegaron al edificio del Parlamento en helicóptero.