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El presidente catalán Carles Puigdemont, en el acto de presentación de la ley del referéndum celebrado en el Teatre Nacional de Catalunya / EFE

Un grupo de juristas desmonta la legalidad del referéndum

'Llibertats' cuestiona el aval internacional que contempla la ley que regula la votación unilateral, la Sindicatura electoral, la publicidad institucional y el pretendido blindaje de funcionarios

05.07.2017 10:55 h.
2 min

La asociación de juristas Llibertats favorables a un acuerdo con el Gobierno, ha efectuado un informe (que puede leerse íntegro en este enlace) en el que desmonta la ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña, presentada ayer por el Govern.

-Aval internacional: Los juristas afirman que la ley del referéndum no cumple con las mínimas garantías jurisdiccionales para ser homologado internacionalmente, no cumpliendo prácticamente ninguno de los requisitos establecidos en el código de buenas prácticas sobre referendos aprobado por la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho (conocida como Comisión de Venecia) del Consejo de Europa.

-La Sindicatura electoral: No cumple con los mínimos requisitos de independencia y neutralidad de sus miembros al poder ser elegidos todos, por los partidos del sí, sin que se establezca un sistema de representación paritaria entre las dos opciones tal como establece la legislación internacional. Por otro lado, las decisiones de la Sindicatura Electoral no pueden ser recurridas ante un juez, y disponiendo de facultades disciplinarias puede sancionar a ciudadanos sin que estos puedan recurrir la sanción ante un juez, lo que atenta contra los más elementales principios democráticos y eliminando cualquier garantía jurisdiccional.

-Publicidad institucional: Los mismos juristas señalan que el régimen de publicidad institucional y financiación de la misma, establecido en el proyecto de ley, no cumple con los principios básicos de igualdad de oportunidades, establecidos en la legislación internacional favoreciendo a una de las opciones.

-Funcionarios: La ley del referéndum  se atribuye el facultad de evitar la aplicación de la normativa vigente, que reiteramos vincula a todos los funcionarios de Cataluña, debe recordarse una vez más, que la Generalitat carece de dicha competencia, dejando a los funcionarios en una difícil situación

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