La industria catalana paga ahora la racanería de la Generalitat

La industria catalana, en general, y los trabajadores de la veintena de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) abiertos en estos momentos en Cataluña, en particular, están sufriendo los recortes no revertidos en materia de política industrial. El cierre de las plantas del Grupo Prysmian en Manlleu y Montcada i Reixach son, a juicio de los partidos de la oposición, una de las consecuencias de la falta de inversión en un sector que, durante años, fue referente mundial. De su declive da cuenta el Regional Innovation Scoreboard de la UE, según el cual, en el año 2000, Cataluña era uno de los cuatro motores industriales de Europa junto a Lombardía, Rhone-Alp y Baden-Wurttemberg. Hoy ocupa el puesto 140 y se encuentra entre las regiones de tercer nivel en capacidad de innovación.

El sector de la industria catalana empeora / CG

En Cataluña hay 620.000 empresas y el 21,4% del PIB tiene base industrial, una cifra que según la Generalitat, supera a la de otros países. “Cataluña está bien posicionada”, afirma la consejera de Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, responsable de esas políticas. No opinan así PSC, Catalunya en Comú-Podem y Ciudadanos. Tal como publicaba este medio, hacía tiempo que no se veía en el Parlament la imagen de comités de empresas protestando por el cierre de plantas. ¿El caso de Prysmian es la punta del iceberg?

Trabajadores de Prysmian afectados por el ERE ante el Parlament de Cataluña / CG

Para diputada de Catalunya en Comú-Podem Yolanda López existen varias causas por las que, en estos momentos, están aumentando los EREs en Cataluña, un 42,7% entre enero y agosto de 2019. “Por un lado, el Gobierno español no ha derogado la reforma laboral del PP, que permite despedir a los trabajadores sin dar explicaciones. Por otro lado, la Generalitat no tiene una política clara sobre el tejido industrial catalán”, explica a Crónica Global.

López (CarECP): "Habrán más cierres de filiales"

En este sentido, afirma que el Plan Nacional para la Industria “lleva dos años parado y en 2020 se tiene que elaborar otro. La consejería dice que ha aplicado el 80%, pero en realidad no se ha ejecutado ni un 43%. Además, las inversiones no se han hecho de forma equitativa”.

Uno de los repartidores de Bimbo en España sobre los que la empresa ejecutará un ERE / YOUTUBE

Respecto al cierre de las plantas de Montcada y Manlleu del Grupo Prysmian, considera que “el Govern se tenía que haber reunido hace dos meses con los trabajadores, cuando se supo que la multinacional se llevaba la producción a Italia. No se trata, como dijo la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, de velar por la buena aplicación de los ERE. Se trata de velar por sus puestos de trabajo. Porque lo que ellos quieren es trabajar”. López recuerda que la mayoría de los afectados tienen entre 40 y 45 años, por lo que “va a ser difícil su reinserción laboral”. La diputada de los comunes considera “un drama” que en Manlleu, “un municipio ya castigado por la crisis, con 20.000 habitantes, los despidos afecten a 350 personas, lo que afecta indirectamente a 2.000 personas con sus respectivas familias. Eso supone que la mitad de la población se va a quedar sin trabajo”.

López advierte de que, “en una situación en la que se acelera la recesión, habrán más cierres de empresas filiales para trasladar la producción a sus países de origen”. Afirma que, en la actualidad, hay 20 expedientes de regulación de empleo en Cataluña.

Cano (Cs): "El peor de los escenarios"

Para el diputado de Ciudadanos José María Cano, “nos encontramos en el peor de los escenarios como consecuencia de la inseguridad jurídica existente en Cataluña, que disuade a empresas nacionales y extranjeras de invertir, y la falta de presupuesto destinado a política industrial. Y eso lo están pagando ahora los trabajadores de Manlleu y Montcada. Eso nos preocupa mucho”. El parlamentario ve descoordinación entre los departamentos de Empresa (Junts), Trabajo (ERC) y Economía (ERC). “Cataluña está perdiendo atractivo, como se está viendo en la industria del automóvil”, avisa, tras asegurar que el Plan Nacional para la Industria “es una buena idea, fruto del consenso, pero todo lo que contempla se queda en el papel porque no hay dotación presupuestaria”.

Precisamente ayer, Cano defendió en el Pleno del Parlament una moción en la que se pedía la presentación de los presupuestos de la Generalitat para 2020 que incrementen los fondos destinados a salud, educación y bienestar social y que, como mínimo, sean superiores a los presupuestos de 2010, actualizando los importes en función del IPC. La moción fue aprobada con el apoyo de PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem, CUP y PP, mientras que Junts per Catalunya y ERC votaron en contra. Los independentistas se conjuraron para impedir que saliera adelante el punto de la moción en el que se rechazaba las campañas de boicots contra empresas “desafectas al régimen”, para garantizar una mayor seguridad jurídica y estabilidad política.

Tampoco ha salido adelante la petición del aumento de inversión en I+D+i para que Cataluña se acerque al objetivo del 2% que se ha marcado para 2020 la Unión Europea debido al voto en contra de JxCat, ERC y CUP. El argumento del Govern, de nuevo, es que no hay dinero suficiente.

Romero (PSC): "La inversión en industria se ha reducido"

“No hay una estrategia valiente en este sentido”, afirma la diputada del PSC, Alícia Romero, quien ha interpelado a la consejera Chacón en diversas ocasiones sobre la situación de la industria catalana, “el sector que más exporta, que más estabilidad tiene, que mejores sueldos ofrece y que más invierte en I+D”. Sin embargo, recuerda que el Plan Nacional para la Industria “nació de una resolución del Parlament en 2016 y acaba en 2020, por lo que hay que elaborar otro nuevo”. Cuestiona su ejecución –estaba prevista la inversión de 1.800 millones aportados por todos los departamentos del Govern-- y, sobre todo, “la contradicción que supone que se hable de más dotación, pero que luego se reduzca la inversión en la política estrictamente industrial”.

En efecto, si en 2017 se destinaron 52 millones de euros a política industrial, en los presupuestos de 2019 –los de 2018 están prorrogados-- que nunca llegaron a ser aprobados se contemplaban 47 millones. Una cifra que dista mucho de los 163 millones que destinaba en 2010 el Gobierno tripartito.

Suelo industrial

Romero también denuncia el recorte en la ordenación de suelo industrial –que depende de la Consejería de Territorio--, de 82 a 74 millones.

Pero el Govern insiste en sus réplicas –la última tuvo lugar el miércoles durante la sesión de control celebrada en el Parlament— en el contexto internacional como causa de que no se lleve a cabo una política industrial más decidida. Culpa al Brexit y el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. El reciente informe del Fondo Monetario Internacional en el que se alerta del frenazo económico fue mencionado por el presidente Quim Torra al ser preguntado por los EREs de Manlleu y Montcada.