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Política

Los independentistas, incapaces de ponerse de acuerdo en el pago solidario de los avales

La imagen de unidad contra "el Estado represor" estalla tras la negativa del Tribunal de Cuentas a aceptar las fianzas del ICF y la pugna por quién ha pagado más dinero para evitar los embargos

5 min

Si algo tenían en común ERC y Junts per Catalunya (JxCat) era la lucha contra la “represión del Estado”. Pero ni por esas. La imagen del independentismo unido contra el Tribunal de Cuentas (TdC), que ha impuesto fianzas millonarias por el desvío de dinero público a la internacionalización del procés, estalló este viernes por los aires. Mientras los republicanos se jactaban de haber pagado los avales de todos los investigados, incluidos los de Carles Puigdemont, los neoconvergentes aseguraban que nadie de ERC se ha puesto en contacto con el fugado y que el pago de esas fianzas se ha hecho de forma solidaria. Si los republicanos pretendían hacer un guiño a sus socios y recuperar la unidad secesionista, no lo lograron. Y si Junts esperaba que sus problemas económicos no fueran aireados, tampoco lo consiguió.

La enésima pugna entre los socios del Gobierno independentista ha tenido lugar después de que el TdC rechazara los avales por valor de 5,4 millones de euros del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). El Govern pretendía asumir ese gasto mediante la reciente creación de un fondo destinado a evitar los embargos de una treintena de exaltos cargos, a los que se atribuye malversación de dinero público en la promoción exterior del procés entre 2011 y 2017.

Dos versiones

Según fuentes republicanas, la cifra aportada por ERC alcanza los dos millones de euros, la parte correspondiente a los gastos imputables a todas las personas que tuvieron responsabilidades de gobierno catalán entre 2016 y 2017, los únicos íntegros objeto de investigación en los que Esquerra formó parte del ejecutivo catalán, entonces presidido por Carles Puigdemont. Pero Junts, en un contundente comunicado, negó cualquier contacto entre ERC y el expresidente fugado, y precisó que este partido “ha presentado avales para salvaguardar la responsabilidad solidaria que recae sobre el [ex]conseller Raül Romeva y no ha presentado ningún otro aval individualizado". Asimismo, acusó a Esquerra de hacer partidismo en temas de solidaridad antirrepresiva”.

Para añadir más confusión, la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, aseguraba el jueves que la caja de solidaridad estaba vacía y que era "incapaz de asumir" en estos momentos la fianza de 5,4 millones de euros. La situación fue calificada como “el peor escenario posible” por el expresidente Artur Mas, quien ha ofrecido su vivienda particular como garantía. De ahí que fuentes parlamentarias apunten a la posibilidad de que los independentistas hayan recurrido a entidades bancarias para pagar las fianzas.

Recurso para defender los avales del ICF

En paralelo, el Govern ha presentado un recurso contra el rechazo del TdC a admitir los avales del ICF, lo que obliga a enmendar los errores cometidos por el Gabinete Jurídico, que defendió la legalidad de ese fondo de rescate en base a una sentencia del Tribunal Supremo que, precisamente, decía lo contrario. Así lo refleja el TdC en las últimas resoluciones.

La Fiscalía investiga ese fondo para determinar si el uso de dinero público para pagar las fianzas de personas insolventes acusadas de un delito puede calificarse de prevaricación y/o de malversación. Los pagos de ERC y Junts mediante la caja de solidaridad despejarían ese riesgo de que el proceso del Tribunal de Cuentas derivara en una causa penal.

La renovación del TdC

Asimismo, los independentistas se encomiendan a la renovación de este órgano fiscalizador, ahora allanada por el acuerdo entre PSOE y PP. El Gobierno no impugnó ante el Tribunal Constitucional la creación del fondo del ICF, a diferencia de los populares, que sí presentaron recurso. La legislación indica que los doce consejeros que integran el Tribunal de Cuentas deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintas partes (210 diputados).

Las fianzas a los cargos independentistas han sido impuestas por cargos caducados, pero mientras los populares defienden sus resoluciones, los socialistas las respetan, pero recuerdan la necesidad de renovarlos. En medios jurídicos no descartan que hayan sorpresas en el futuro y que, en función de la composición del nuevo TdC, la causa procesista decaiga.