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Tras el bloqueo que genera la candidatura de Carles Puigdemont (c) la alianza de los comunes de Xavier Domènech (i) y el republicano Oriol Junqueras (d) suena entre las posibilidades de un gobierno alternativo / EFE

Los independentistas ponen la dación en pago como cebo para los comunes

Junts pel Sí destaca los aspectos sociales de la ley de desconexión pactados con la CUP para conseguir que la órbita de Ada Colau, exactivista antidesahucio, apoye el referéndum

23.06.2017 00:00 h.
3 min

La presión de los secesionistas sobre los comunes roza ya el chantaje emocional. En su empeño por lograr que la confluencia de la izquierda apoye el referéndum, Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) aseguran que la ley de transitoriedad --más conocida como ley de desconexión-- incluirá medidas sociales como la dación en pago, el aumento de las pensiones o un salario mínimo de 1.000 euros (basado en los estándares europeos).

Estas medidas sociales no representan una novedad pues están incluidas en la hoja de ruta hacia la independencia que JxS y la CUP pactaron hace más de un año. Pero los secesionistas filtran con cuentagotas los contenidos de esa secreta ley de desconexión, en este caso para redoblar la presión sobre los comunes, que rechazan un referéndum unilateral sin garantías jurídicas. Así se lo hizo saber el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la reunión que mantuvieron el pasado lunes.

Contra la pared

Conscientes del activismo antidesahucio que en su día practicó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, impulsora del nuevo partido de los comunes, los separatistas golpean donde más duele. No apoyar las leyes de desconexión, afirman, es ponerse al lado del Gobierno del PP. La CUP ha convertido esa máxima en parte de su campaña por el sí en el referéndum, mientras que PDeCAT lo hace con un lenguaje menos contundente. El republicano Gabriel Rufián, arremete sin piedad contra esa órbita podemita, necesaria para ampliar y visualizar la base social del procés.

Pero los comunes no están dispuestos a dejarse arrastrar tras la zanahoria de los separatistas. “¿Qué garantía hay de que los bancos acatarán las nuevas leyes catalanas en lugar de las españolas?”, se preguntan fuentes de los comunes, tras insistir en la falta de rigor jurídico y parlamentario del procés impulsado por el Govern.

Posturas divergentes

No obstante, las mismas fuentes admiten a Crónica Global que no será fácil consensuar una postura oficial ante el referéndum. Las presión es máxima y la nueva confluencia de izquierdas acaba de nacer. “Queda mucho por hacer y dentro del partido hay diversas sensibilidades que se deben conciliar”, añaden.

Catalunya en Común comenzó el pasado sábado un proceso de reflexión sobre la posición que se debe tomar ante el referéndum y que concluirá el próximo 8 de julio.