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Una urna del referéndum organizado por el independentismo el pasado 1-O / EFE

La Guardia Civil encuentra las facturas del 1-O

El juez de la Operación Anubis levanta el secreto de sumario tras más de ocho meses de indagaciones

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Fuentes próximas a la investigación judicial han confirmado a Crónica Global que la Guardia Civil ha encontrado abundante documentación que acreditaría diversos pagos procedentes de los fondos públicos para sufragar gastos directamente relacionados con el referéndum ilegal del pasado día 1-O.

Una buena parte de esa documentación ha aparecido en el transcurso del controvertido registro de la conselleria de Economía que se llevó a cabo por orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona el pasado 20 de septiembre. El magistrado, tras meses de secretas indagaciones, intuía que en algunos de los archivos del departamento podrían parecer unos datos que avalarían la sospecha de la Guardia Civil, según la cual una parte destacada del dinero para sufragar los gastos del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional procedían de los presupuestos generales de la Generalitat.

Querellas incompletas

Esas facturas están siendo analizadas por los agentes de delitos económicos del instituto armado y cobran una especial relevancia para la Fiscalía que, como se recordará, incluía el delito de malversación de caudales públicos en la querellas presentadas a principios de septiembre contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y parte de la Mesa y contra el president del Govern, Carles Puigdemont, y la totalidad del Ejecutivo.

La sala de admisiones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó el delito de malversación de caudales en lo referido a la querella contra Forcadell y, en la que concierne a Puigdemont, sí aceptó investigarlo por ese delito pero le negó a la Fiscalía la medida cautelar solicitada de responsabilidad civil por desconocer el alcance del montante, supuestamente aportado por la Generalitat, para sufragar el referéndum.

Estas facturas, “absolutamente clarificadoras e inequívocas” según la Guardia Civil, servirán al ministerio público para apuntalar el delito de malversación que es, de los tres que forman parte de las querellas que tramita el TSJC (los otros son prevaricación y desobediencia), el único que implicaría severas penas de cárcel en caso de condena.

Secreto levantado

El juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, acaba de levantar el secreto de las actuaciones de la llamada Operación Anubis, en cuyo marco se llevaron a cabo los más de 40 registros que incluyeron el de la conselleria de Economía el pasado 20 de septiembre.

Fuentes conocedoras del caso han asegurado a este medio que las numerosas intervenciones telefónica ordenadas por el juez en estos últimos siete meses revelan, no sólo la mecánica delictiva anterior al referéndum, sino la directa implicación de altos cargos del Govern en la gestión de los preparativos del 1-O.