La gran cortina de humo audiovisual del Govern

La semana arrancaba con un manifiesto de más de 30 entidades que exigía renovar cargos caducos con criterios de profesionalidad, como marca la nueva ley de la CCMA aprobada hace ya tres años, y una propuesta de reforma de la ley de comunicación audiovisual catalana. Una norma con la que el Govern pretende dar la réplica a la ley española en lo que respecta al refuerzo del uso del catalán en los medios. Pero ni esa Ley estatal ignora las cuotas del catalán en las plataformas, ni la Generalitat parece estar dispuesta a solucionar de forma inmediata la renovación de la CCMA y el CAC, imprescindible para validar los nuevos cargos de TV3 y Catalunya Ràdio.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el debate de política general en el Parlament / EUROPA PRESS

“Y entrando en el sector de televisión y medios de comunicación --dijo el presidente Pere Aragonès en su discurso--, la renovación de la CCMA y del CAC es urgente y nos corresponde a los diputados del Parlament. Los órganos de gestión y control del audiovisual tienen direcciones caducadas, y una situación precaria, que necesitan ser renovados para coger un nuevo impulso y planificar una estrategia a medio y largo plazo. Una renovación que nadie puede atascar, porque es necesaria e imprescindible”.

“Tenemos herramientas, pero hay que renovarlas, y esto pasa por el consenso en este Parlamento. Nadie puede pensar que la situación actual es mejor que la que vendrá, y por eso hay una dirección que marque el rumbo necesario para hacer de nuevo de la CCMA uno de los motores de producción y promoción de la lengua catalana”, subrayó.

La lucha por el control de TV3

Fueron los propios independentistas quienes “atascaron” esa renovación debido a la lucha por el control de TV3, que en este nuevo mandato debería pasar a manos de ERC. Pero la nueva composición del Parlament --la nueva ley exige una mayoría de dos tercios para nombrar a los nuevos cargos-- coloca al PSC en una posición preminente. De ahí esas insinuaciones sobre vetos cruzados en una cuestión espinosa, y que se suma a una treintena de instituciones catalanas con mandatos caducos.

De ahí, asimismo, que la ley audiovisual española sea utilizada por el Govern como una cortina de humo o maniobra de distracción sobre esas asignaturas pendientes en este sector. Una ley que contempla la exigencia de cuotas a las plataformas como Netflix o HBO, pero los independentistas quieren más.

Catalán en Netflix y HBO

El Anteproyecto de ley general de comunicación audiovisual aplica la Directiva 2010/13 de la UE, aprobada en noviembre de 2018, lo que implica actualizar la normativa audiovisual incorporando la regulación los servicios televisivos a petición, como Netflix o HBO, y las plataformas de intercambio de vídeos, como YouTube.

Según el anteproyecto, las plataformas deberán garantizar una cuota mínima del 30% de su catálogo en obras audiovisuales europeas y, de esta cuota, el 50% deberá ser en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas de las comunidades autónomas.

Un usuario de Netflix accede a la plataforma desde su ordenador / EP

En sus alegaciones, el CAC exigía que, del 50% mencionado reservado lenguas oficiales en España, el 50% sea para el catalán, el vasco o el gallego, dada la situación de precariedad de estas lenguas en el ámbito audiovisual, o, como mínimo, un porcentaje que se corresponda con el peso poblacional del conjunto de territorios con lenguas cooficiales. Asimismo, el CAC considera que el anteproyecto “debería prever que los catálogos de los servicios de vídeo a petición incorporaran las versiones ya dobladas o subtituladas al catalán de sus obras".

Un CAC con mandato caducado, donde actualmente el independentismo está en minoría --lo que impide a su presidente, Roger Loppacher (propuesto por CiU), ejercer un voto de calidad que hasta ahora había blindado el sesgo ideológico de TV3, reclamaba, por tanto, elevar esas cuotas. En paralelo, el Govern ha optado por utilizar sus propios instrumentos legales, impulsando una reforma de la ley de comunicación audiovisual catalana para establecer “los porcentajes mínimos de uso del catalán y aranés en los medios de comunicación de la Generalitat y propondrá medidas de fomento de estas lenguas en el resto de medios y redes sociales”.

Informe sobre el sector audiovisual catalán / CONSEJERÍA DE EMPRESA

Subyace en ese asunto la externalización de producciones de los medios públicos que, si bien es necesaria para incentivar un sector afectado por la crisis, genera agravios comparativos. Tal como publicó Crónica Global, TV3 gastó un total de 5,5 millones de euros en documentales entre 2017 y 2020. Los contratos más caros se adjudicaron a las empresas vinculadas a Jaume Roures y ascendieron a casi un millón de euros.

Los datos facilitados por la CCMA demuestran el goteo de producciones de la televisión catalana, casi 150, en cuatro años. Destacan, con diferencia, los 550.858 euros pagados por la producción de 13 capítulos sobre el mundo de las autoescuelas titulado Matriculats, producido por Triacom Audiovisual, empresa que fue absorbida por el grupo empresarial de Roures. Acaparó el foco mediático cuando el exgerente de TV3 y propietario de la misma, Oriol Carbó, fue investigado por la Audiencia Nacional por la supuesta financiación irregular de CDC.

Agravios comparativos

Asimismo, la larga lista de documentales --donde los precios pagados oscilan mayoritariamente ente los 6.000  y los 200.000 euros-- incluye los 440.000 abonados a Roures por ocho capítulos del documental El Judici. Esta producción ha provocado una gran polémica parlamentaria debido a la resistencia de los responsables de la CCMA a aclarar si el origen del dinero invertido procedía de los fondos Covid.

La asociación que reúne a todas las productoras de Cataluña, Pro-Docs, emitió un comunicado en el que denunciaba la desproporción existente en los contratos de la CCMA, donde varias productoras se reparten el pastel. "El problema es el contraste con el cual se paga al resto de productoras, y los canales poco transparentes a través de los cuales se hace, eso genera un agravio comparativo insoportable”.

Según un informe elaborado por la Consejería de Empresa, el sector audiovisual catalán facturaba 6.792 millones de euros en 2020, y estaba compuesto por 1.102 empresas que daban trabajo a 26.651 personas.