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Justicia: Los presos independentistas

El Govern insiste en el choque con el empresariado por la ‘ley de los alquileres’

Los grupos independentistas llevan la ley al Parlament aunque saben que no saldrá adelante, con el dictamen en contra del Consejo de Garantías Estatutarias

7 min

Al choque con el empresariado y como medida de propaganda. Poco cuenta el contenido de la ley o que no se pueda aplicar. Los grupos independentistas, Junts per Catalunya y ERC, llevarán la norma de los alquileres al Parlament en el pleno de este miércoles y la aprobarán con el apoyo de los Comuns y de la CUP, pero son conscientes de que no se podrá aplicar, tras al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que ha señalado la inconstitucionalidad del texto. Fuentes parlamentarias sostienen que el independentismo ya ha hecho de la Cámara catalana una “sala de juegos privada”.

La prueba mayúscula de las intenciones de la mayoría independentista la evidenció el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, que forma parte del núcleo de confianza de Carles Puigdemont y del presidente Quim Torra. Sin ningún rubor, admitió que buena parte de los artículos de la norma han sido considerados por el Consejo de Garantías Estatutarias como inconstitucionales. Perfecto. Se trata de provocar que el Gobierno central lleve la ley ante el Tribunal Constitucional y señalar, después, que España va en contra de las decisiones del Parlament.

El argumento independentista

“La regulación de los alquileres es un debate importante, por eso me sorprende que nadie hable del factor decisivo: el Consejo de Garantías ya ha dicho que todos los artículos de la ley que limitan rentas son inconstitucionales. ¿Alguien piensa que el Gobierno del PSOE-Podemos no la llevará al TC? Si alguien interpreta que no soy partidario de aprobarla está muy equivocado. La debemos aprobar para dejar en evidencia que el Parlamento está intervenido, para ver si se publica el texto, y para dejar en evidencia a los que ahora la defienden y después la llevarán al TC y no la cumplirán”, afirmó este lunes Josep Costa.

Josep Costa, vicepresidente del Parlamento catalán y diputado del partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya / EFE

 

 

Josep Costa, vicepresidente del Parlamento catalán y diputado del partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya / EFE

Sus palabras tenían un destinatario: los Comuns. Secundarán la medida, pero conscientes de que Podemos podría no hacer lo mismo en el Congreso. Costa no entró en una cuestión no menor: es en el seno de Junts per Catalunya donde se vive una auténtica discusión sobre la ley, con portavoces que serán diferentes entre este miércoles, en el pleno del Parlament, y en julio, cuando el Govern intentó convalidar el decreto ley sobre los alquileres. Si en aquel momento el portavoz fue Toni Morral, partidario de penalizar a los tenedores de viviendas, para forzar el alquiler a un precio tasado --acorde con su pasado intervencionista como exdirigente de ICV-- este miércoles será la diputada Gloria Freixa, que presentará enmiendas al texto. Es decir, JxCat intentará modificar parte del contenido de la ley, que nace de un Govern formado por ellos mismos y ERC.

Foment, con los recursos preparados

El empresariado ha declarado la guerra a la medida, y tiene el aval del propio organismo del Parlament que vela por la constitucionalidad de las leyes. El grupo de Ciudadanos la llevó al Consejo de Garantías Estatutarias, y este miércoles tiene preparadas distintas enmiendas para limitar sus efectos, mientras que el PSC votará también en contra, con una enmienda a la totalidad, juntamente con el PP.

Foment ha salido en contra de la normativa con toda contundencia. El argumento es que una parte importante de las viviendas en alquiler corresponden a particulares que se verán afectados con una limitación tasada del arrendamiento en las poblaciones que se consideran “tensionadas”. Y muchos de esos propietarios optarán, según la patronal, por la venta para obtener liquidez, con lo que se limitará la oferta. Pero la preocupación también se dirige hacia los inversores, porque se entiende que buscarán otros activos o lo harán en otras localidades. Lo que señala la ley es que se aplicarán esas limitaciones en el alquiler en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes que cuentan con un “mercado de alquiler tensionado”, según el Sindicato de Llogaters, que ha impulsado la medida, codo con codo con el Govern y la consejera de Justicia, Esther Capella. El propio presidente Torra se ha reunido con la entidad.

Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad del Govern, quien abrazó las tesis okupas de comunes y CUP en su decreto de vivienda / GENCAT

 

 

Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad del Govern, quien abrazó las tesis okupas de comunes y CUP en su decreto de vivienda / GENCAT

Capella y Calvet, enfrentados

La proposición de ley, realizada por Junts per Catalunya y Esquerra, saldrá adelante, pero no se podrá aplicar. Tendrá el apoyo de Comuns y la CUP, pero acabará en el Tribunal Constitucional, como ya anunció el presidente del PP, Alejandro Fernández. Sin embargo, será el instrumento que utilizará el independentismo para señalar que el Estado no deja legislar en Cataluña, aunque haya sido motivo del duro enfrentamiento en el seno del Govern, entre los consejeros Damià Calvet (Territori) y Esther Capella (Justicia), entre JxCat y ERC.

Para rizar el rizo, la proposición de ley se presenta como de “lectura única”, y los grupos, tanto el PSC como Ciudadanos, han pedido que se tramitara con las correspondientes intervenciones de expertos y de todos los actores implicados. “Es una ley compleja, que se debería tramitar, si se quiere que sea efectiva, con calma y atendiendo a todos los afectados, además de respetar lo que señala el Consejo de Garantías Estatutarias”, señalan fuentes de Ciudadanos, mientras que el PSC considera que “de nuevo” lo único que le interesa a la mayoría independentista es “la propaganda”.

El hecho es que contará con el apoyo de los Comuns, aunque Podemos, en el Congreso, no ve la medida nada clara e introdujo en el Congreso una proposición de ley para pedir que las comunidades autónomas puedan legislar para limitar los alquileres. “Otra prueba de que no se puede hacer en el Parlament lo que quiere el independentismo”, sentencian los liberales.