El Gobierno recurre la moción del Parlament contra el Rey sin aval del Consejo de Estado

El Consejo de Ministros ha decidido hoy impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución aprobada el 11 de octubre por el Parlamento de Cataluña contra el rey Felipe VI y la monarquía, pese al criterio en contra expresado por el Consejo de Estado en el dictamen encargado por el Gobierno.

Así lo ha anunciado la portavoz el Ejecutivo, Isabel Celaá, tras la reunión del Consejo de Ministros que se ha celebrado en Sevilla, quien ha destacado que estos informes del principal órgano consultivo del Estado no son vinculantes para el Gobierno.

"Sentido de Estado"

El Consejo de Estado entiende que la moción del Parlament no constituye "objeto idóneo para su impugnación", pues considera que es una moción "netamente política, no jurídica" y señala que ese tipo de mociones parlamentarias "no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos". Una posición que, sin embargo, el Gobierno "respeta" pero "no comparte".

En todo caso, el Ejecutivo ha decidido recurrirla por "sentido de Estado" y porque entiende que la resolución es "inconstitucional". Celaá ha recordado que "la figura del jefe del Estado es inviolable" y el Gobierno "considera que no debe ser objeto de disputa partidaria en una cámara parlamentaria".

El Rey, Felipe VI con el presidente catalán, Quim Torra / EFE

El Rey, Felipe VI con el presidente de la Generalitat, Quim Torra / EFE

Intento de secesión

Según el Ejecutivo, "la resolución es inconstitucional pues supone un nuevo intento, como otros anteriores, de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república" catalana. Además, es un "intento de abolición de la monarquía" y un "ataque injustificado al Rey" que representa una "extralimitación" de las funciones del Parlament.

Este proceso, añaden, "vulnera claramente la constitución", tal y como ha recoge la doctrina del Tribunal Constitucional. Para Celaá, la resolución supone un "grave atentado al principio de lealtad institucional" y una declaración política que degrada las formas de Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra, y que comportan una "total falta de respeto" a la más alta magistratura del Estado.