El Gobierno levanta el control de los gastos de la Generalitat

El Gobierno ha levantado el control de los gastos de la Generalitat que aplicaba desde hace cinco años --con el PP al frente del Ejecutivo y en la fase más intensa del procés-- en cumplimiento del acuerdo presupuestario firmado con ERC.

Así lo ha anunciado este viernes el Govern en un comunicado en el que explica que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha comunicado a la Generalitat de Cataluña "la retirada de la supervisión económica y financiera extraordinaria" que aplicaba a las finanzas del Ejecutivo autonómico desde diciembre de 2015.

Control "discriminatorio e injustificado"

La Generalitat recuerda que este control incluía "la emisión mensual de certificados de gasto por parte del interventor general, así como trámites adicionales de información sobre la contabilidad financiera de la Generalitat y su sector público, clasificada por programas presupuestarios".

El Ejecutivo autonómico "valora positivamente" la retirada de ese "control adicional" por considerarlo "discriminatorio e injustificado". En su opinión, en los últimos años el Govern ha realizado "una gestión cuidadosa, eficaz y eficiente de la finanzas públicas" y, por tanto, "la supervisión específica para Cataluña no se sustenta en ningún argumento técnico o económico, sino que responde estrictamente a razones de carácter político e ideológico".

El fin del "155 financiero"

La retirada de este control financiero es una de las condiciones exigidas por ERC al Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Hace tres semanas, cuando se alcanzó un principio de acuerdo al respecto, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lo consideró el "fin de la tutela del abuso austericida" y lo tildó de "155 financiero".

Inversiones y competencias

Además de este requisito, el pacto presupuestario incluye otros elementos, como aumentar las inversiones y transferencias destinadas a Cataluña por encima de los 2.300 millones de euros; ceder a la Generalitat la gestión directa de los fondos europeos de reconstrucción; implementar una armonización fiscal de las CCAA --para acabar con el "dumping fiscal" de la Comunidad de Madrid, en palabras de los dirigentes nacionalistas--; transferir al Govern la gestión del ingreso mínimo vital; aplicar una moratoria en las cuotas de los autónomos, e incrementar la financiación de la dependencia y de las becas educativas.