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Damià Calvet, director del Incasòl, en un acto público anterior / CG

El Govern afronta el juicio del primer despido colectivo de su historia

Más de 140 trabajadores buscan demostrar que el Incasòl les echó ilegalmente en 2012

4 min

Temor en el Gobierno catalán por el juicio al primer despido colectivo de la historia de una de sus empresas públicas. Más de 140 trabajadores tratarán de demostrar a partir de hoy que el Institut Català del Sòl (Incasòl) les despidió de manera irregular. Si ganan, podrían abrir un agujero de casi 300 millones en las cuentas del ente público.

Los juicios individuales empiezan este lunes en diversas salas de lo Social de Barcelona. El centenar largo de empleados argumentarán ante el juez que el Incasòl les cesó de forma arbitraria en 2012.

Aquel fue el primer despido colectivo de la historia de la Generalitat. Lo acometió al calor de la Reforma Laboral, aprobada a principios del mismo año con los votos de PP, UPN, FAC y CiU (hoy PDEcat).

Coste notable

Preguntado por el alcance y efectos de las vistas que arrancan hoy, el Incasòl no ha respondido a las preguntas de este medio.

Quien sí lo ha hecho es Vicente Cantos, abogado de varios de los denunciantes. "Los trabajadores querrán demostrar que se les puso en la calle de forma arbitraria. No por motivos de eficiencia, como alegó la empresa, sino por razones económicas", aclara.

Si los empleados ganan las causas, las indemnizaciones que tendrá que pagar la empresa pública serán cuantiosas. "Reingresos en el ente con los salarios de trámite, o de indemnizaciones de 45 días por año trabajado. El coste no está ni cuantificado. Es enorme", avisa.

"Fue esperpéntico"

Otro de los letrados que lleva la causa, José Manuel Suárez, recuerda los días en los que se negoció el ajuste de plantilla. "Fue un esperpento. No se entendió por qué despedían a uno sí y al otro no. Eran ajustes para cuadrar cuentas", rememora.

Suárez avisa de que sólo uno de los empleados reclama al Incasòl más de 230.000 euros de indemnización.

"Eran gente cualificada: arquitectos o ingenieros. Algunos encontraron empleo inmediatamente después del ERE. Otros no. Ese es el daño que se juzga", observa.

Primero de muchos

La regulación de empleo del Incasòl se presentó en mayo de 2012, tres meses después de la aprobación parlamentaria de la Reforma Laboral. La nueva ley permitía a las administraciones públicas despedir de forma colectiva por primera vez.

"El hachazo en el organismo precedió a muchos otros: al de Canal 9, al de Telemadrid y demás", valora Cantos.

"A partir de entonces, las administraciones públicas vieron una vía para redimensionar plantillas sin pedir permiso", agrega.

Último recurso

La decisión del Incasòl, que depende de la Consejería de Territorio, provocó un conflicto colectivo. Los trabajadores lo perdieron en todas las instancias: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Tribunal Supremo.

La vía que explorarán a partir de hoy, la individual, es la última que les queda.

"Cinco años después del despido llegan los juicios. Lo que se litiga es la incertidumbre de las familias cuyos miembros se quedaron en la calle. Y el coste de todo ello para los contribuyentes", alerta Cantos.

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