Las excusas de la Generalitat para no ejecutar la sentencia del 25% de castellano

La Generalitat se niega a ejecutar la sentencia que obligar a impartir un 25% de horario lectivo en castellano. Así lo indica en un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que alega la futura aprobación de un decreto que regulará los usos lingüísticos escolares y la reforma de la ley de política lingüística pactada por cuatro grupos en el Parlament. Asimismo, considera que será contraproducente cambiar los planes educativos a dos meses y medio de que acabe el curso escolar.

La Generalitat ha respondido a la petición de ejecución forzosa instada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que asesora a los padres que quieren que sus hijos sean escolarizados en castellano. Tras la resolución del Tribunal Supremo, que dio firmeza a la sentencia del TSJC, y la negativa de la Consejería de Educación a cumplirla, la AEB pidió a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que abriera un expediente de ejecución.

Lo que dice la sentencia

Se trata del fallo dictado el 16 de diciembre de 2020 por la misma sala “declarando la obligación de la Generalitat de adoptar las medidas que sean necesarias a efectos de garantizar que, a enseñanzas comprendidas en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.

En sus alegaciones, la Generalitat rechaza aplicar la sentencia. Tras negar la legitimidad de la AEB para instar este procedimiento, la consejería invoca el gran pacto parlamentario firmado por Junts per Catalunya, ERC, PSC y En Comú Podem para reformar la ley de política lingüística y afirma que el Govern ha iniciado los trámites para aprobar un decreto de despliegue del régimen lingüístico del sistema educativo, previa consulta pública. Por tanto “no es lícito afirmar que el departamento de Educación no ha realizado ninguna actividad normativa, como indica el instante de la ejecución. La documentación aportada a las actuaciones lo desmiente. Obviamente, lo que no puede pretender la Asamblea es que se reforma la ley de política lingüística y que se apruebe el proyecto de decreto saltándose todos los trámites y plazos”.

Seguridad jurídica

El Govern alega que “no se puede exigir la aprobación en un mes, como pretende la AEB. Lo que es relevante es que, por seguridad jurídica, la problemática quede resuelta en el plano normativo y eso es lo que ha hecho la Generalitat con las dos iniciativas normativas comentadas”.

“Obligar a aprobar, como pretende la Asamblea --añade la conselleria-- unas instrucciones o una circular a dos meses y medio para acabar el curso escolar, con la finalidad de modificar los proyectos lingüísticos, alterar la programación de todos los cursos y horarios, cambiar las dinámicas de impartición de las asignaturas y cambiar el material didáctico (con la consiguiente obligación de los padres de los alumnos de volver a comprar los libros de texto, por ejemplo) sería totalmente contraproducente porque alteraría el normal funcionamiento de todas las aulas”.