Las entidades probilingüismo alertan del riesgo de "quiebra del Estado de Derecho" de la Generalitat

Las entidades defensoras del bilingüismo en las escuelas de Cataluña alertan de que la Generalitat puede incurrir en una grave "quiebra del Estado de Derecho" si, como ha anunciado, "inaplica" la sentencia, firme y de obligado cumplimiento, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece que al menos un 25% de las clases en la enseñanza no universitaria de la autonomía deben impartirse en castellano.

La plataforma Escuela de Todos --que agrupa a unas 15 entidades, entre ellas la demandante Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)-- considera que, con el decreto ley aprobado al respecto este lunes y la rueda de prensa del Govern para explicarlo, se confirma que la Generalitat no remitirá ninguna instrucción para dar cumplimiento a lo ordenado por el TSJC, y recuerda que en el auto de este tribunal se da plazo hasta este martes para ejecutar la sentencia.

Un decreto ley "para eludir el cumplimiento"

Las asociaciones probilingüismo apuntan en un comunicado que "la única respuesta que cabe a las decisiones judiciales" firmes es que los alumnos catalanes reciban una parte de su docencia, no inferior al 25%, en castellano. Sin embargo, el decreto ley del Govern secesionista fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza como "respuesta" a esa sentencia del TSJC.

"La portavoz del gobierno de la Generalitat [Patrícia Plaja] ha hecho expreso que la respuesta a las decisiones de los tribunales, que exigen una presencia mínima del castellano en la docencia, es el decreto ley que ha aprobado el consejo de gobierno de la Generalitat y que pretende servir de vía para eludir el cumplimiento de la mencionada sentencia", aprecian las entidades en su nota. Lo cual, afirman, "no se sostiene".

"Desobediencia clara, frontal y explícita"

Escuela de Todos alerta que "de no darse esta docencia efectiva en castellano se estará desobedeciendo el auto del 4 de mayo de 2022 y la sentencia de 16 de diciembre de 2020". "La desobediencia clara, frontal y explícita a las decisiones judiciales por parte de los poderes públicos es una quiebra del Estado de Derecho que debe ser reparada", ha subrayado.

La plataforma constitucionalista añade que, en caso de que el Govern entienda que ha habido una modificación legislativa que impida el cumplimiento de la sentencia, "así lo tendrá que indicar al TSJC, quien podrá valorarlo, pero en tanto no se produzca" una decisión, las resoluciones judiciales adoptadas siguen siendo obligatorias.

Escuela de Todos cree que el decreto ley aprobado "no contradice" lo establecido en las decisiones judiciales, ya que no excluye que tanto castellano como catalán son lenguas que han de ser usadas como vehiculares y de aprendizaje en el sistema educativo. Sin embargo, aprecia que la inaplicación de parámetros numéricos "no puede tener como efecto negar la exigencia constitucional de que ambas lenguas oficiales sean utilizadas en la enseñanza y que en caso de que alguna de ellas reciba el tratamiento de una lengua extranjera deba corregirse esa situación, que es lo que han declarado los tribunales".

Denuncia por desobediencia si el Govern incumple

Las entidades destacan que el plazo para que la Generalitat acate la ejecución de la sentencia en la fecha límite de este martes 31 de mayo sigue vigente, y que si los alumnos catalanes no reciben ese día al menos ese 25% de castellano, "se estará produciendo una quiebra del Estado de Derecho".

Así, si el 1 de junio las instrucciones enviadas a los centros no cumplen con lo exigido en la sentencia, la AEB presentará escrito ante el TSJC "denunciando la desobediencia y pidiendo medidas de ejecución inmediata".