El TSJC sigue viendo "indicios racionales" de soborno de Xavier Crespo (CDC)

La justicia sigue viendo probable que el diputado de CiU y ex alcalde de Lloret de Mar (Gerona) Xavier Crespo cometiera los delitos de cohecho y prevaricación, beneficiando irregularmente a un empresario ruso local, a cambio de favores económicos.

Así lo ha reiterado este lunes la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha rechazado los recursos de apelación del propio Crespo y otros imputados en el caso, el ex concejal de Urbanismo de la localidad Josep Valls y el entonces presidente del club de hockey de la localidad, Joan Perarnau. El TSJC los ha rechazado al considerar que existen "indicios racionales" de que se han cometido los delitos imputados.

Con esta decisión, el TSJC confirma completamente la imputación, y, una vez cerrada ya la fase de instrucción, se presume que se abrirá pronto juicio oral contra los imputados.

La Fiscalía Anticorrupción pidió dos años y medio de prisión y 17 de inhabilitación para Crespo. al considerar que adjudicó y facilitó irregularmente al empresario Andrei Petrov la concesión para construir un centro comercial en la antigua plaza de toros de la localidad "a cambio de determinados favores".

El supuesto soborno habría sido sorprendentemente barato: Según la fiscalía, estos "favores" se tradujeron en el patrocinio de Petrov a los clubes locales de fútbol y hockey, en los cuales "tanto Crespo como Valls tenían familiares" por un valor total de 270.000 euros entre los años 2007 y 2010. Además, Crespo y su familia fueron invitados a un viaje a Rusia, por un valor de unos 2.000 euros, y el ex alcalde recibió de Petrov un reloj Zenith, valorado en 2.200 euros.

Implicado en el escándalo de los centros de salud del Maresme y la Selva

Se da la circunstancia de que Crespo también ha estado implicado en el escándalo de la empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM) y de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, que se destapó a mediados de 2012.

El diputado autonómico de CiU y su esposa habrían colaborado en dilapidar supuestamente 1,3 millones de euros de forma injustificada, de los que ellos mismos fueron unos de los principales beneficiarios.

A través de sueldos no previstos en los contratos ni en los convenios, pagos irregulares, dietas desmesuradas y complementos indebidos, ambos habrían recibido 209.000 euros en sobresueldos irregulares.