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Laura Foraster, directora del Diplocat (i), junto al presidente Quim Torra (d) en una reunión de este órgano dedicado a internacionalizar el 'procés' / DIPLOCAT

El Diplocat, salpicado por la operación Voloh, licita nuevos contratos sobre la imagen de Cataluña

El juez que investiga la malversación del 'procés' alude a las "irregularidades" de este órgano encargado de fomentar una diplomacia catalana que la justicia considera ilegal

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Hace años que las actividades del Diplocat, órgano dedicado a fomentar la diplomacia catalana que depende del Departamento de Acción Exterior, están bajo sospecha. Prueba de ello es el sumario judicial de la operación Voloh, que el miércoles se saldó con las detenciones, entre otros, de David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler por una supuesta trama de financiación del procés con fondos públicos y el presunto apoyo de Rusia.

El juez señala en sus diligencias los contratos del Diplocat que, no obstante, ha sacado y sacará a concurso este año varios servicios, como la monitorización de la imagen de Cataluña en el exterior y la búsqueda de líderes de opinión. Recientemente, adjudicó una campaña de imagen internacional similar a la del año pasado [se puede leer en este enlace]. El beneficiario es GAPS Política i Societat SL, un instituto demoscópico que hizo los trackings del 1-O, las encuestas de JxCat y el barómetro de TV3 a la medida de Quim Torra. Los contratos están divididos en lotes valorados en hasta 300.000 euros.

diplocat contratos
Contrato previsto por el Diplocat para este año / DIPLOCAT

La aplicación del artículo 155 supuso la disolución del Diplocat. Y el Tribunal Constitucional dejó claro, en su sentencia contra el Plan de Acción Exterior, que la Generalitat no puede hacer diplomacia. Pero el Govern aprobó un decreto que, en teoría, ajusta este órgano a las exigencias de la justicia.

Personal de la empresa Events en el mitin de Carles Puigdemont en Perpiñán / CG
Personal de la empresa Events en el mitin de Carles Puigdemont en Perpiñán / CG

En las diligencias sobre la financiación del procés, el juez considera que las irregularidades en las adjudicaciones a Iniciatives Events --organizadora de varios actos del expresidente Carles Puigdemont, como el que tuvo lugar en Perpiñán (Francia)--, en las que aprecia “trato de favor”, se hacen “extensivas a otros órganos de la Administración”.

Conversaciones entre Events y el Diplocat

Pone como ejemplo las conversaciones entre la directiva del Diplocat Elisabet Moragas, quien “comentó a Roc Aguilera --cofundador de Iniciatives Events SL y que fue detenido anteayer junto a su socio Antoni Fusté--, en relación a unas jornadas de diplomacia en las que participarían Pere Aragonès (vicepresidente del Govern) y Albert Castellanos (alto cargo del Departamento de Economía), que ellos tienen que pedir tres presupuestos, pero dejando entrever que era pura formalidad y preguntándole a Aguilera si sabe lo que quiere decir. El visto bueno de ese pago lo haría Laura Foraster (directora del Diplocat)”.

Recuerda el juez en los autos de entrada y registro en Events que “Diplocat es un consorcio público-privado en el que la Administración catalana participa al 50%". Sin embargo, "durante la investigación que se siguió en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, se acreditó que ciertas partidas del Diplocat vinculadas al referéndum habían sido sufragadas en más de un 90% con dinero público. Elisabet Moragas lo explicó perfectamente al afirmar que a ellos se les considera Generalitat, que sus presupuestos son cien por cien Generalitat”.

Dos millones de presupuesto

Diplocat (Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido anteriormente como Patronat Catalunya Món), dispone de un presupuesto anual de dos millones de euros. Sus actividades constan en un Plan Estratégico que “nunca se ha explicado en el Parlament”. “Yo lo pedí, pero los independentistas votaron en contra”, explica la diputada de Ciudadanos Susana Beltrán. Uno de los episodios más oscuros de este organismo fue la contratación de Independent Diplomat, un lobi internacional conocido por haber asesorado en los procesos de secesión de Somalilandia y Sudán del Sur, cuyos servicios prestados a Cataluña trascendieron. Eso sí, en 2013, se embolsó 1,3 millones de euros.

Tampoco se ha presentado nunca en la Cámara catalana, afirma Beltrán, el Plan de Acción Exterior 2019-2022. La excusa dada por el Govern es que estaba suspendido por el Tribunal Constitucional.

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