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Parte de los acusados en el juicio del procés en el Tribunal Supremo / EFE

La defensa de Forcadell vuelve a desmarcarse del 'procés': “Está siendo juzgada por ser quien es”

El juicio alcanza su última jornada mientras los abogados apuran el tiempo para exponer sus informes finales

12.06.2019 13:18 h.
7 min

Cuatro meses después de que arrancase --el pasado 12 de febrero--, el juicio del procés ha alcanzado su última jornada y, antes de que los acusados puedan tomar la palabra --si deciden hacer uso del derecho que les otorga la Ley--, las defensas apuran el tiempo para exponer sus informes finales. Si bien todos los abogados reclaman la absolución de sus patrocinados, en esta última sesión, que ha contacto con una amplia expectación tras las puertas del Tribunal Supremo y ha contado con la presencia, entre otros, del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y del vicepresidente, Pere Aragonès, han vuelto a dejar traslucir sus divergencias a la hora de salvaguardar los intereses de los 12 procesados que se sientan en el banquillo.

La más efusiva en este sentido ha sido Olga Arderiu, abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell --quien se enfrenta a una petición de 17 años de prisión por un delito de rebelión--, que ha vuelto a dejar claro que la procesada no quiere inmolarse junto al resto de sus excompañeros por la causa independentista. Su táctica, alejarse lo máximo posible de las decisiones clave adoptadas antes y después del 1-O y erigirse en víctima al alud del cargo que ostentaba --“está siendo juzgada por ser quien es y no por lo que ha hecho”-- y de la solicitud de condena que pesa sobre ella en relación con los demás acusados que formaban parte de la Mesa de la Cámara autonómica.

“Esta parte no entiende la diferencia entre Forcadell y el resto de miembros de la Mesa ni tampoco por qué está siendo juzgada aquí por rebelión y se le solicitan 17 años de cárcel, mientras que sus compañeros están siendo procesados por desobediencia”. Es uno de los alegatos que ha lanzado la letrada durante su intervención ante el tribunal, recriminando, además, que las acusaciones hayan querido “en todo momento exagerar y magnificar su actuación: se le intenta hacer aparecer en lugares donde no ha estado, hablar en lugares donde no ha hablado y se han inventado tuits”.

Telepatía

Y todo ello cuando, en la realidad, según ha subrayado, no asistía a las reuniones con los consejeros ni participaba en la toma de decisiones. “¿Como se concertó con ellos, por telepatía?”, ha llegado a ironizar. La propia Forcadell ya encapsuló su táctica defensiva respecto a los demás procesados al aseverar que no dirigió estrategia alguna y que tan sólo se limitó a cumplir con las funciones aparejadas al cargo de presidenta.

Más técnica ha sido la intervención de Marina Roig, abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que se ha introducido en un entresijo de derechos fundamentales cuya defensa, en su opinión, justificó la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. Y se ha mostrado tajante al subrayar que “la apelación a la unidad de España no puede enturbiar el entendimiento sobre ningún derecho fundamental. No es posible ponderar entre la unidad de España y el ejercicio de derechos fundamentales”.

Roig, menos vehemente

En un discurso menos vehemente que el de sus predecesores, Roig ha aseverado que el 1-O fue el acto de desobediencia civil “más importante de Europa”, haciendo hincapié, como el resto de defensas que han tomado el micrófono hasta el momento, en que los episodios violentos que pudieron producirse en la jornada clave del procés no procedían de los manifestantes, que “esperaron sentados” a los agentes, sino de los antidisturbios. “La supuesta violencia generalizada de la población no fue tal”, ha recalcado la letrada, aludiendo a la resistencia pacífica” desplegada en 35 colegios con el objetivo de protestar y no de impedir la acción policial”.

Y en el caso concreto de Cuixart, sobre quien pesa, al igual que sobre Forcadell, una petición de 17 años de prisión, ha remarcado que aquél llevó a cabo llamamientos al desarrollo pacífico de las concentraciones producidas el 20 y 21 de septiembre, mientras eran registradas varias sedes de la Generalitat con motivo de la organización de la consulta.

La defensa de Borràs rebate la malversación

En el terreno de la supuesta comisión de un delito de malversación ha entrado de lleno, por su parte, Judith Gené, representante legal de la exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs, que, valiéndose de la gesticulación continua para reforzar su tesis, ha criticado el “sesgo” con el que las acusaciones han calificado los hechos y ha rebatido con contundencia la táctica empleada por la Fiscalía a la hora de considerar como delictivos “los gastos de una conferencia porque no nos gusta lo que se dice en ella o la visita de diputados porque no nos gustan sus conclusiones”. “La Generalitat no es un cortijo”, ha remarcado para rechazar que se desviasen fondos públicos a la celebración del referéndum.

Gené ha apelado así a la necesidad de que su defendida sea absuelta, principalmente porque su departamento no incurrió en gasto alguno relacionado con la consulta como tampoco colaboró en que cualquier otro departamento del Govern sufragase de su erario el procés.