La defensa de Mundó niega desobediencia o malversación porque no eran de su competencia

La última defensa de este martes en el Tribunal Supremo era quizás la que menos interés mediático despertaba, pero era fundamental para desgranar el delito de malversación que recae a la mayoría de acusados por el procés. También a Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, que a diferencia del resto, no se encuentran en prisión preventiva. 

El abogado Josep Riba, que defiende al exconsejero de Justicia Carles Mundó, ha rechazado durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas que pueda imputarse a su cliente desobediencia o malversación por el hecho de que firmara junto al resto de miembros del Govern de Carles Puigdemont el decreto de 6 de septiembre de 2017 en el que todos asumían solidariamente el gasto necesario para realizar el referéndum ilegal del 1-O.

Roig, indispuesta

Riba ha sido el último abogado en intervenir en la primera de las sesiones destinada a los informes de las defensas pese a que lo previsto era que su turno hubiera sido utilizado por la letrada Marina Roig, defensora del presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, que ha alegado encontrarse indispuesta y depondrá finalmente mañana miércoles.

El letrado, que defiende a uno de los tres encausados en libertad condicional, ha indicado que a su cliente, que nunca ha sido diputado del Parlament, únicamente le afectaba uno de los requerimientos del Tribunal Constitucional, el relativo a la suspensión de la convocatoria del referéndum que se dictó el 7 de septiembre de 2017. Como el decreto de asunción del gasto tenía fecha del día anterior, el abogado defiende que Mundó no desobedeció al tribunal de garantías.

Fuera de las competencias de Mundó

Riba ha manifestado que si la Fiscalía no ha concretado qué acto realizó su cliente en el ámbito de sus competencias como conseller para desobedecer al Constitucional será porque dicho acto "no existe", puesto que el referéndum se celebró "sobre todo a través de la participación ciudadana". Tampoco desobedeció con la puesta a disposición de locales de votación porque, a juicio del letrado, ninguno de los más de 2.000 utilizados ese día dependían de la consejería de Justicia.

La mayor parte de su hora de alegato Riba la ha utilizado para rechazar el delito de malversación atribuido a su cliente, por el que se le piden los siete años de cárcel --la desobediencia únicamente conlleva multa e inhabilitación--.