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Celebración de Diada de Cataluña, convocada por la ANC / CG

Cuatro semanas de agitación independentista

La tramitación y previsible impugnación de la ley del referéndum en vísperas de la Diada garantiza jornadas de agitación social

3 min

La cuenta atrás para el referéndum del 1 de octubre comienza oficialmente hoy, con la previsible tramitación de la ley del referéndum en el Pleno del Parlamento de Cataluña. No es gratuito que los independentistas hayan esperado a esta semana para aprobar esta ley, que regula la organización del referéndum. La inmediata actuación del Tribunal Constitucional y del Gobierno contra esta norma y contra el decreto de convocatoria que firmará el Gobierno de Carles Puigdemont, garantiza una agitación política y social que los secesionistas mantendrán viva hasta la Diada del 11 de septiembre. Y que incluso puede incluir acampadas ante la Cámara catalana en un trasunto de 15M separatista.

Todavía se desconoce los tempos de esa acción judicial y gubernamental, pero una rápida respuesta supondría avivar un enfrentamiento institucional en vísperas de una jornada que, en los últimos años, es sinónimo de reivindicación independentista. La manifestación contra los atentados terroristas celebrada el pasado 26 de agosto, copada por los secesionistas, han servido de aperitivo de esa Diada, organizada por dos entidades que presionan a la Generalitat para culminar el procés, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium.

Responsabilidades penales más lentas

Dicho de otra manera, tanto el TC como el Ejecutivo de Mariano Rajoy deberán administrar bien sus recursos. Y aunque en anteriores ocasiones, como fue el 9N, demostraron su capacidad para actuar por la vía de urgencia, la deriva de responsabilidades penales sería más lenta.

Ello reduce el tiempo para desarrollar la logística del referéndum. De momento solo hay rumores de urnas guardadas a cal y canto, y papeletas confeccionadas en un pueblo de Tarragona. Pero, oficialmente, nada se ha concretado. Ni el censo, ni los locales que se habilitarán, ni la Sindicatura electoral que supuestamente debe velar por el buen desarrollo del 1-O.

A medida que pasa el tiempo, la legitimidad y la rigurosidad pretendida por los impulsores del referéndum es cada vez menor. Para los más optimistas, el referéndum “legal y vinculante” mutará en un nuevo 9N.

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