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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, durante una comparecencia pública durante la pandemia / EFE

Nervios en el 'sanedrín' de Colau por la querella por defender a okupas

BComú maniobró para evitar la comparecencia de Lucía Martín, concejal de Vivienda quien, torpemente, reiteró los hechos por los que la han denunciado

7 min

Nervios en el equipo de gobierno de Ada Colau por la querella por presunta connivencia con okupas. El gabinete de BComú, partido de la alcaldesa, maniobró para evitar la comparecencia de su concejal de Vivienda y Rehabilitacion, Lucía Martín por la denuncia penal por defender a allanadores. La electa, en una torpe intervención, reiteró los hechos por los que la ha denunciado una inmobiliaria, que ve indicios de hasta seis delitos.

Lo cuentan fuentes cercanas al círculo más próximo a Colau. Las voces indican la "inquietud" que se respira en el seno del gobierno local formado por BComú y el PSC por la querella criminal por seis supuestos delitos que ha interpuesto la inmobiliaria Vauras Investment. Cree la empresa que el Ejecutivo local defendió a okupas que habían tomado seis de sus pisos en el número 38 de la calle Lleida, que rebautizaron como Bloc Llavors. Y denuncia, también, que la extorsionaron para que cediera las viviendas en alquiler social.

BComú trató de bloquear la comparecencia

Esta querella preocupa en el ayuntamiento. No es un escrito más de los miles que reciben los juzgados barceloneses cada día. Vauras pide 25 millones de fianza e imputar a tres personas, dos de ellos concejales: la propia Lucía Martín y el concejal de Sants-Montjuïc, Marc Serra, también de BComú.

Precisamente, PP y Barcelona pel Canvi pidieron la comparecencia de un miembro del gobierno local para que aportara "transparencia" al caso. Entre bambalinas, el Ejecutivo local trató de bloquear las explicaciones. Indicó a una y otra formación que la querella no ha sido admitida a trámite --está en proceso de reparto--, e incluso mintió. Llegó a asegurar al otro grupo municipal que el rival había retirado su petición de comparecencia. Era falso.

Martín reitera los hechos denunciados....

Hubo más. Cuando Martín accedió finalmente a dar explicaciones, los comunes jugaron con los tiempos. Trataron de acortar la aparición de la electa. Aseguraron que no necesitaba tantos minutos. Con esta maniobra, la oposición se quedaba también con menos espacio. La treta no coló: PP y BCNpelCanvi exigieron su tiempo.

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Lucía Martín, concejal de Vivienda y Rehabilitación, en su comparecencia pública por la denuncia penal de Vauras Investment / CG

Peor aún: cuando Lucía Martín habló, reiteró todos y cada uno de los hechos por la que la han denunciado penalmente. La ayuda a los okupas, el hecho de que el ayuntamiento puede tutelar el derecho a la propiedad privada. La sanción a la empresa que la ha denunciado. Tampoco desmintió mercadear permisos de obra a Vauras a cambio de cesiones de alquiler social. La oposición lo llamó "extorsión" y Vauras Investment lo ha puesto sobre papel. La justicia decidirá. 

...y se equivoca

Todo ello ha sucedido hasta ahora. BComú trató de evitar una vía de agua que, si el juez admite a trámite, se convertirá en boquete. Lucía Martín corroboró los hechos que sostienen la denuncia de Vauras --será el juez quien decidirá si constituyen posible delito-, y se equivocó. El acta de la Comisión de Derechos Sociales, en la que defendió a los allanadores del llamado Bloc Llavors, puede ser ya materia para un eventual juicio por seis delitos.

Es exactamente lo contrario de lo que debería haber hecho. Martín debió hilvanar una defensa de su persona y de la institución, pero herró. Hilvanó un discurso ideológico que no desmentía nada de lo que la acusa Vauras: extorsión, coacciones o falsificación de documento público, entre otros, y así hasta seis supuestos delitos. Tuvo la oportunidad de defenderse ex ante y no lo hizo. Al contrario, dio munición a la parte acusatoria.

¿Y el código ético?

Ahora, el escrito de Vauras sobre el Bloc Llavors, seis pisos okupados que la inmobiliaria tardó tres años en desalojar --dos de ellos siguen tomados-- recalará sobre un juzgado. Y el magistrado decidirá. Si la querella sigue adelante y hay electos imputados, éstos tendrán que dimitir. Lo dice el punto 3.6 del código ético de Barcelona en Comú [consultar aquí].

Peor incluso: si se deriva un proceso judicial, el ayuntamiento se tendrá que defender con argumentos contrarios a los que propugna. Tendrá que explicar cómo veló por el derecho a la propiedad privada de Vauras Investment. Tendrá que argumentar cómo combatió un delito: la usurpación de viviendas. Es lo contrario de lo que hizo ayer. Lo contrario que ha hecho siempre. Ello no escapa al sanedrín de Colau. Temen que la querella prospere y que haya imputados. Y la tensión que ello pondría con el pacto de gobierno con el PSC.

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