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Vista del hemiciclo del Parlament totalmente vacío, teórico lugar de diálogo / EFE

Cerrar el Parlament cuesta 147.000 euros

La estampida de cargos que asistirán al juicio del 1-O, con Torra y Aragonès al frente, ha obligado a alterar las agendas institucionales y a cerrar, de nuevo, la Cámara catalana

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Lo primero es asistir al juicio del 1-O. Lo de gobernar o tramitar leyes puede esperar. La estampida de altos cargos que acudirán al arranque de la vista oral en el Tribunal Supremo ha alterado las agendas, tanto del Govern como del Parlament. De nuevo, ambas instituciones paralizan su actividad en aras a los intereses partidistas de los dirigentes catalanes.

Así, el presidente de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresidente Pere Aragonès; la consejera de Justicia, Ester Capella; el consejero de Territorio, Damià Calvet, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, tienen previsto asistir a la primera sesión del juicio, ya con los procesados sentados en el banquillo.

El cuartel general del Govern en Madrid

Torra, Capella y Calvet acudirán a las 10 horas al Supremo y, posteriormente, el president comparecerá ante los medios en la sala del Centre Cultural Blanquerna de Madrid, sede de la Delegación de la Generalitat en la capital.

Este centro ha sido habilitado por el Govern durante todo el juicio para atender a los corresponsales extranjeros y a los observadores que acudan a Madrid.

Torra será recibido por el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que después le acompañará al Salón de Plenos, donde se le buscará un asiento preferente, según explicaron hace unos días fuentes judiciales.

El president ya paralizó el pasado día 1 la Generalitat porque quería despedirse de los presos antes de ser trasladados a Madrid. Por ese motivo se tuvo que posponer la Mesa de Diálogo en la que participan Junts per Catalunya, ERC, PSC y Catalunya en Comú-Podem.

Los precedentes

Por ello, la reunión semanal del Consell Executiu, que se suele celebrar los martes, se adelantó a ayer lunes. También se antepuso la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlament. Cerrar la Cámara catalán cuesta unos 147.000 euros al día. Así lo cuantificó la portavoz del PSC, Eva Granados, en febrero de 2018 --el presupuesto anual es de 53,7 millones--, cuando el empeño de Carles Puigdemont en ser investido presidente a distancia bloqueó la formación de gobierno.

Un año después, el Parlament vuelve a estar paralizado. Hoy estaba prevista la reunión de la Comisión de la Infancia,“aplazada hasta nueva fecha, según indica la web de la Cámara autonómica, debido a la celebración del juicio. Estaba previsto que se debatiera un informe del Síndic de Greuges sobre los derechos de la infancia correspondiente a 2018, una propuesta de resolución sobre las condiciones laborales de los centros dependientes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) --tras las protestas de los trabajadores por el colapso en la atención a los menores extranjeros no acompañados (MENA)-- y la comparecencia de Margarita Mari-Klose, profesora agregada de sociología de la Universitat de Barcelona, para que informara sobre la situación de la pobreza infantil en Cataluña, que alcanza el 30%.

Pero es que, además, el Pleno señalado para los días 20 y 21 de febrero se retrasa también para que no coincida con la huelga general independentista convocada por la Intersindical CSC.

El pasado 16 de enero, los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y ERC abandonaron las comisiones parlamentarias en protesta por la detención de dos alcaldes de la CUP y seis miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por desórdenes públicos.