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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, responsable de la nueva ley audivosual / EUROPA PRESS

El catalán y la ley audiovisual española: ¿hacia una tercera modificación?

La presión del sector audiovisual y del Govern se ha traducido en diversos cambios en el borrador inicial, a expensas nuevamente de las negociaciones con ERC

6 min

Se ha convertido en la piedra de toque de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, sobre todo, en las relaciones entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez. La cuota del catalán en las plataformas digitales como Netflix ha sido la condición sine qua non para que los republicanos permitan tramitar las cuentas de 2022. Y ello implicaría cambios en la nueva Ley Audiovisual española. Se trataría de la tercera modificación que el Gobierno hace en esta norma, pues ya introduzco cambios en los dos trámites de audiencia e información pública ante las exigencias del Gobierno catalán y del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).

De hecho, el primera anteproyecto de ley general de comunicación audiovisual, que pretende dar cumplimiento a la Directiva 2010/13/UE, era bastante ambiguo respecto a la capacidad del Gobierno para dar directrices a plataformas que no tienen su sede en España, como es el caso de Netflix y Disney.

Directiva europea

La citada directiva europea supone actualizar la normativa audiovisual incorporando la regulación los servicios televisivos a petición, como Netflix o HBO, y las plataformas de intercambio de vídeos como YouTube. Desde el sector audiovisual advirtieron de que la nueva ley, en realidad, solo iba dirigida a empresas nacionales como Movistar+ o Filmin. Este malestar, unido a la presión de los socios republicanos de Sánchez, obligó a introducir en el borrador obligaciones en materia de inversión en producciones nacionales, así como cuotas lingüísticas.

En los dos períodos de alegaciones, tanto el Govern como el CAC presionaron en ese asunto. El Gobierno realizó nuevas modificaciones en su anteproyecto, aunque no al gusto de la parte catalana.

Más presencia del catalán

Según el anteproyecto (tanto en la primera como en la segunda versión), las plataformas tendrán que garantizar una cuota mínima del 30% de su catálogo en obras audiovisuales europeas y, de esta cuota, el 50% deberá ser en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas de las comunidades autónomas.

Cataluña exige que, de ese 50% reservado a lenguas oficiales en el Estado Español, el 50% sea para el catalán, el vasco o el gallego, dada la situación de precariedad que, aseguran, sufren estas lenguas en el ámbito audiovisual, o, como mínimo, un porcentaje que se corresponda con el peso poblacional del conjunto de territorios con lenguas cooficiales.

Financiación de la obra europea

También hay discrepancias sobre la obligación de financiación de obra europea por parte de las plataformas de pago, pues el Gobierno fija un porcentaje del 5%, mientras que el Govern quiere elevarlo a un 10%.

Una de las novedades más relevantes en la nueva redacción del anteproyecto hacía referencia a la financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. El texto dispone que las plataformas como Netflix y o de intercambio de vídeos, como YouTube, cuando tengan un ámbito geográfico estatal o superior al de una comunidad autónoma, hagan una aportación del 1,5% de sus ingresos anuales en RTVE. El CAC puso de manifiesto que este plus de financiación no debería limitarse sólo al sostenimiento del prestador del servicio público de ámbito estatal sino que debería extenderse a los servicios públicos de comunicación audiovisual de ámbito autonómico, como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio.

El Gobierno también introdujo modificaciones sobre contenidos perjudiciales, que inciten al odio o relacionados con el terrorismo, de forma que las obligaciones de las plataformas no se limitaran a los menores, sino que se hicieran extensivas al público en general.

Calviño, predispuesta

Tras los acuerdos in extremis que llevaron a ERC a no presentar enmienda a la totalidad de los PGE, se abre ahora un nuevo periodo de negociación que podría supone una tercera modificación de las intenciones iniciales del Ejecutivo.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró ayer que el Gobierno quiere articular "de la mejor manera posible" el doble objetivo que tiene con esta nueva ley: "Impulsar esta industria audiovisual y proteger la riqueza que se deriva de las lenguas cooficiales". Por su parte, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, avisó de que de que "el blindaje del catalán será necesario, pero no suficiente, para un voto favorable de ERC" a los Presupuesto, pues el siguiente paso "es negociar todas aquellas carpetas de cuestiones que defiende el Govern", como traspasos pendientes y cuestiones sociales y económicas, que para ella pasan por garantizar que haya más inversiones y que se ejecuten en Catalunya.