Estas son las tres leyes que pueden dinamitar la Mesa de Diálogo

"Si estas leyes continúan avanzando, es que Pedro Sánchez no solo rechaza la autodeterminación sino también el autogobierno". En estos términos se expresó el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, en su demoledora declaración contra la Mesa de Diálogo que defiende Pere Aragonès.

Se refiere a la ley audiovisual, la ley de seguridad nacional y la ley general de telecomunicaciones que quiere aprobar el Gobierno y que, a juicio del político de Junts per Catalunya (JxCat), suponen un ataque frontal contra las competencias catalanas. Es más, el dirigente independentista cree que la normativa de seguridad da vía libre al Ejecutivo a intervenir bienes y suspender la autonomía. De hecho, tanto JxCat, como PDECat y ERC han expresado su rechazo al borrador presentado por el PSOE. La norma supone una línea roja para los neoconvergentes, pero también genera discrepancias entre socialistas y Unidas Podemos, socios del Gobierno.

Ataque a la "república digital"

Igualmente controvertida es la ley general de telecomunicaciones, dirigida a la línea de flotación neoconvergente en la Generalitat. Puigneró, impulsor de la “república digital”, la rechaza porque, en su opinión, blanquea el “decretazo digital”. Se refiere a la norma aprobada por el Ejecutivo que le permite tomar el control de las infraestructuras que soportan internet para preservar el orden público.

Dos legislaciones, por tanto, que JxCat interpreta como instrumentos preventivos ante un nuevo desafío independentista. Finalmente, el secesionismo rechaza la ley española de comunicación audiovisual porque no contempla cuotas de catalán en el catálogo de plataformas como Netflix o HBO. Asimismo, considera que vacía de competencias al Consejo de lo Audiovisual de Cataluña (CAC) y recentraliza el control de los contenidos que emiten las televisiones, pues atribuye a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) esas atribuciones reguladoras.

Dos borradores de ley de comunicación audiovisual

Según el anteproyecto de ley audiovisual --tanto en la primera como en la segunda versión en la que el Ejecutivo español introdujo algunos cambios--, las plataformas deberán garantizar una cuota mínima del 30% de su catálogo en obras audiovisuales europeas. De esta cuota, el 50% deberá ser en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas de las comunidades autónomas.

El CAC presentó alegaciones y reiteró su propuesta "para que, del 50% mencionado reservado lenguas oficiales en España, el 50% sea para el catalán, el vasco o el gallego, dada la situación de precariedad de estas lenguas". Falta saber si la proposición pasará el corte de los legisladores.