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Patinetes de la empresa Wind en Barcelona / RECTOR UPC

El ayuntamiento esconde el fracaso del Bicing con la ofensiva contra el patinete eléctrico

El consistorio barcelonés intensifica su campaña para sancionar y requisar patinetes a las empresas de uso compartido mientras el servicio municipal de bicicletas no levanta cabeza

6 min

El Ayuntamiento de Barcelona ha declarado la guerra a los vehículos de movilidad personal de uso compartido, y en concreto, a los patinetes eléctricos. La concejal de movilidad y presidenta de TMB, la socialista Rosa Alarcón, aseguró el jueves que el consistorio ha impuesto 1.500 multas a las empresas de este sector.

En una rueda de prensa, Alarcón sacó pecho de la persecución a la que están sometiendo a esta modalidad de transporte. Según ella, el pasado fin de semana se requisaron 33 patinetes, 17 de ellos en un solo día, debido a la ocupación del espacio público de la ciudad.

Sancionar y requisar

Y es que según el ayuntamiento, las empresas dedicadas a este tipo de servicio de transporte realizan un uso intensivo del espacio público sin licencia, algo prohibido según la Ordenanza de uso de las vías y espacios públicos.

Es por ello que la Guardia Urbana ha iniciado esta semana un dispositivo con el objetivo de sancionar y requisar estos vehículos bajo las órdenes directas de Rosa Alarcón.

Las empresas se defienden

La concejal de movilidad ha centrado la persecución en dos empresas de alquiler de patinetes eléctricos, que según ella operan sin el permiso municipal. Una versión que al menos una de las compañías niega.

Según Reby --una de las empresas de movilidad afectadas por las sanciones-- su forma de operar en Barcelona se ajusta a la legalidad, ya que cuenta con la licencia concedida por el ayuntamiento y sus vehículos están registrados como dispositivos de movilidad personal.

Regulación

Sin embargo, el Gobierno municipal ha aprovechado la ausencia de una regulación específica sobre el uso de patinetes eléctricos de alquiler para llevar a cabo su particular cruzada contra estas empresas. Según el ayuntamiento, dicha regulación se está elaborando en el marco del Pacto por la Movilidad, que contará con una primera propuesta a finales de septiembre.

Hasta ahora, lo que establece la Ordenanza de Circulación de Transeúntes y Vehículos --modificada en 2017-- es que los conductores deben llevar casco; estar registrados y tener seguro; cumplir las normas de circulación correspondientes al tipo de vehículo; y conducir por aquellos espacios que marca la ordenanza, así como las indicaciones para su estacionamiento. La normativa también indica que los patinetes pueden circular por carriles bici, las calzadas zona 30 y los parques, siempre y cuando se respete la prioridad de los peatones y se adecúe la velocidad a su paso, sin poner en riesgo la seguridad de las personas. Unas normas que, según las empresas afectadas, cumplen a rajatabla.

Infracciones

El ayuntamiento, en cambio, asegura que una de las infracciones más habituales de estos vehículos es la de aparcar en espacios reservados para bicicletas. Sin embargo, fuentes del sector indican que no existen aparcamientos señalizados para patinetes, un hecho provocado por la ausencia de regulación en la materia.

“Como es habitual, la administración va a remolque de los cambios de hábitos de los ciudadanos, y el transporte es un claro ejemplo de ello. Mientras la ciudadanía está cada vez más concienciada con la movilidad sostenible, el ayuntamiento se dedica a perseguir a aquellos que lo fomentan”, indican las mismas fuentes.

El fracaso del Bicing

Las empresas de movilidad compartida están convencidas que detrás de esta “persecución” al patinete eléctrico se esconde otra preocupación del Ayuntamiento: el fracaso del Bicing, que no levanta cabeza pese al aumento de demanda de vehículos no contaminantes y de uso compartido. Y es que el sistema público de bicicletas compartidas acumula un déficit anual de 12 millones de euros, unas pérdidas que lastran las cuentas de Barcelona Serveis Municipals (B:SM). Durante el anterior mandato de Ada Colau, la empresa pública redujo sus beneficios un 30%, en parte por los números rojos de servicios como el Bicing.

“El ayuntamiento está viendo cómo los ciudadanos optan cada vez más por coger la bicicleta, el patinete, las motos eléctricas... pero en general, no utilizan su servicio de bicing. Creen que persiguiendo al patinete podrán ganar potenciales usuarios del bicing, pero no va así”, remacha un empresario del sector, que apunta la nueva guerra que surgirá en los próximos meses: el aparcamiento de los nuevos vehículos como los patinetes en el espacio público, donde “el ayuntamiento tratará de sacar rédito económico sea como sea”.