Mandos de los Mossos patrullan las calles por falta de agentes
La escasez de efectivos, con visos de cronificarse y acentuada por la 'guardia pretoriana' de Torra, y la división ideológica minan la moral de un cuerpo donde las bajas han alcanzado el 20%
13 septiembre, 2019 00:00Jefes de turno de los Mossos d’Esquadra se ven obligados a patrullar ante la falta de efectivos. Estos cargos son ocupados normalmente por sargentos y cabos o, a falta de éstos, del agente más veterano. Sus funciones consisten en coordinar y dirigir los escamots --unidades policiales-- de turno, pero no patrullar o practicar detenciones. Sin embargo, fuentes policiales aseguran a Crónica Global que, en los últimos meses, estos mandos han salido a la calle a suplir esas carencias. Una situación denunciada en diversas ocasiones por los sindicatos, pero que tiene visos de cronificarse.
“La moral en el cuerpo es muy baja. Los agentes no se sienten protegidos ni respaldados por nadie. Ni por el Govern, ni por la sociedad”, explica un mando policial.
Según estas fuentes, el porcentaje de bajas médicas oscila entre un 15% y un 20%. Y no es ajeno a ese malestar la división ideológica entre agentes independentistas y constitucionalistas lo que, afirman, “provoca enfrentamientos silenciosos en el día a día en las comisarías”.
El aumento de la inseguridad en Barcelona ha evidenciado todavía más esa escasez de efectivos de los Mossos. Por todo ello, Ciudadanos ha presentado en el Parlament una propuesta de resolución en la que se insta al Govern a destinar el máximo número posible de efectivos policiales a las funciones de seguridad ciudadana en las calles de Barcelona, “detrayéndolos de otros destinos en que cumplen funciones improductivas, como la guardia pretoriana del señor Torra”.
Duplicidad de tareas
La formación naranja se refiere al Área de Seguridad Institucional (ASI), que entró en vigor el pasado mes de junio y que está formada por 71 agentes. El Govern asegura que se trata de un modelo que ya existe en Francia y Gran Bretaña, incluso en Moncloa, y niega que esos mossos se vayan a encargar también de la seguridad de Carles Puigdemont en Waterloo.
“Mala distribución de la plantilla, exceso de puestos burocráticos, unidades se dudosa utilidad… ¿por qué se crea la ASI cuando ya existía el Grupo de Escoltas?”, se pregunta un mando policial.
La propuesta de resolución de Ciudadanos
Ciudadanos asegura en su iniciativa parlamentaria que la creación de esta unidad “es especialmente sorprendente, porque el Govern de la Generalitat no ha justificado con los más mínimos objetivos, razonables, creíbles y proporcionados, la estructura de los servicios de seguridad al servicio del presidente de la Generalitat”. En este sentido, afirma que el Govern “debería abandonar su intento de consolidar una nutrida guardia pretoriana en torno a su presidente, destinando a funciones de seguridad de sus miembros un número de efectivos policiales estrictamente indispensable, y reasignando los restantes efectivos que a día de hoy componen la guardia pretoriana a la plena disposición del cuerpo de Mossos, a efectos de que puedan llevar a cabo de manera urgente tareas de seguridad ciudadana en Barcelona”.
El mantenimiento del 'dispositivo Toga'
El mantenimiento del dispositivo Toga --agentes destinados desde febrero pasado a vigilar los edificios judiciales tras los ataques del independentismo radical-- tampoco ayuda. “Continuar vigilando la pared cuando no hay revueltas sociales no tiene sentido. Hay poblaciones como Sant Vicenç del Horts y Sant Feliu donde solo hay una patrulla sin ningún mando al frente”, indican fuentes de SAP-FEPOL. La operación Toga sigue en vigor, entre otros motivos porque jueces y mossos discrepan sobre quién debe tomar la decisión. Pero es que, además, “uno de los peores temores de la Consejería de Interior es que se repita la imagen de la Policía Nacional custodiando en exclusiva el Palacio de Justicia”, afirman mandos policiales.
En octubre de 2017, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que asumiera la seguridad de ese emblemático edificio del paseo Lluís Companys ante la posibilidad de que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aplicara las leyes de ruptura. Posteriormente, esa orden se anuló y los Mossos volvieron a asumir la vigilancia del Palacio de Justicia.