Un acusado de sobresueldos se perfila como interventor general de la Generalitat
David Canada, que siempre ha aspirado al cargo y fue investigado por el Tribunal de Cuentas, podría sustituir a Rosa Vidal, que se jubila y fue procesada por la organización del 1-O
17 enero, 2020 00:00Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat, se jubila, lo que obliga al departamento de Vicepresidencia y Economía a buscar un relevo. Suena con fuerza David Canada, actual director general de Intervención. Ambos tienen en común una gestión cuestionada por los tribunales. Vidal (Figueres, 1952) fue procesada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum independentista ilegal del 1-O. Canada fue acusado de cobrar sobresueldos por el Tribunal de Cuentas. En el sector se asegura que Canada (Barcelona, 1961) siempre ha aspirado a suceder a Vidal, una profesional muy apreciada.
Fuentes del citado departamento han confirmado a Crónica Global que, en efecto, Vidal se jubila, pero rehúsan confirmar o desmentir que el sustituto sea Canada ya que, explican, se trata de un nombramiento que se debe someter a decisión del Consell Executiu en una próxima reunión. De ahí la prudencia.
Controvertido historial
Sin embargo, fuentes conocedoras de ese negociado apuntan al actual director general como sustituto, al tiempo que expresan su sorpresa ante su historial.
La Intervención General es el máximo órgano responsable del control económico y financiero de las cuentas públicas de la Generalitat. Entre otras funciones, dirige y gestiona la contabilidad pública y asesora a los órganos de gestión. Unas tareas que, obviamente, exigen un rigor máximo.
Sin embargo, tal como publicó este medio, David Canada fue investigado por el Tribunal de Cuentas por el cobro de sobresueldos. El director de la intervención devolvió voluntariamente esos 3.000 euros que percibió de forma indebida en concepto de dietas --es incompatible con su cargo de funcionario-- por fiscalizar el Patronato de la Montaña de Montserrat. Pero la historia ha calado entre los profesionales que forman parte de la Intervención.
"Hecho constitutivo de responsabilidad contable”
El caso se remonta a 2015, cuando el Tribunal de Cuentas dictó un auto en el que declaró probado un “hecho constitutivo de responsabilidad contable”, cometido en 2005 y cifrado en la cantidad de 2.752,80 euros --1.949,61 euros recibidos por Canada a los que añadía 776,19 euros en conceptos de intereses--. En aquella fecha, Canada era el responsable de fiscalizar la gestión del Patronato de la Montaña de Montserrat. Dos años después, en 2007, la Sindicatura de Cuentas catalana advirtió de que el interventor delegado y la secretaria de la comisión ejecutiva del Patronato habían recibido un incentivo de 6.979 euros. En las alegaciones al informe del Síndic, se precisaba que cada uno de los infractores había recibido, no un incentivo, sino una indemnización de 3.489,84 euros.
El informe del órgano fiscalizador catalán se elevó al Tribunal de Cuentas, que tras la devolución de la cantidad y el reconocimiento de la infracción, cerró la investigación.
En mayo de 2017, Canada fue nombrado director general de la Intervención, un cargo creado por el entonces vicepresidente Oriol Junqueras en el marco de la reestructuración de su departamento. Licenciado en Económicas y con un posgrado en gestión de la Hacienda autonómica y local, se incorporó al cuerpo de interventores en 1998.
Profesional muy apreciada en el sector
De confirmarse el nuevo cargo de David Canada, este deberá sustituir a una profesional de reconocido prestigio, Rosa Vidal, interventora general desde 2016. Fuentes del sector aseguran que Canada siempre ha aspirado a sustituir a esta licenciada en Derecho con un posgrado en Economía y Gestión de la Hacienda Autonómica, y posgrado en Estudios Fiscales.
Pero la gestión de Vidal también ha sido controvertida, aunque por causas diferentes. En abril de 2019, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona procesó a Vidal junto a una treintena de cargos de la Generalitat por participar en “un plan común” cuya finalidad era preparar el referéndum del 1-O.