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Sede de la Abogacía del Estado / EFE

La Abogacía del Estado estalla contra las injerencias políticas

El colectivo profesional, que debe pronunciarse sobre la sentencia del TJUE, responde a las formaciones que le acusan de estar al servicio de Pedro Sánchez y su negociación con ERC

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El consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado ha emitido hoy un comunicado en el que rechaza "cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar" el ejercicio de sus funciones. El colectivo profesional, que debe pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras, responde a las formaciones políticas que le acusan de estar al servicio de Pedro Sánchez y su negociación con ERC para ser investido.

"Ante las recientes informaciones publicadas, el consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado". Los Abogados del Estado "debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos. Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une".

Los precedentes

La Abogacía del Estado ya se pronunció el pasado verano a favor de excarcelar a Junqueras para que formalizara su condición de eurodiputado, pero las negociaciones entre ERC y PSOE sobre la investidura de Sánchez permanecen a la espera de que se haga público un informe oficial.

El pasado 19 de diciembre, el TJUE dictaminó que el exvicepresidente de la Generalitat debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado mes de mayo y gozar "desde ese mismo momento" de inmunidad para poder asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara el 2 de julio.

No obstante dejó el asunto en manos del Tribunal Supremo para "apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza" Junqueras, condenado por el Supremo a 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta por el delito de sedición. El Alto Tribunal español dio traslado a las partes para que se pronunciaran.

La Fiscalía reaccionó inmediatamente al fallo del TJUE y rechazó la excarcelación del líder de ERC y solicitó a la Sala que lo juzgó la ejecución inmediata de su pena de inhabilitación como europarlamentario.