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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no ha cumplido sus promesas en vivienda social, con miembros de la PAH en el Ayuntamiento de Barcelona / CG

36.577 familias pidieron una vivienda social en Barcelona, un 20% más que en 2016

Colau, que había prometido ofrecer 4.000 pisos protegidos, solo ha creado 180, incapaz de emular los modelos de Viena o Berlín y reducir los casos de emergencia social

25.03.2018 00:00 h.
5 min

La vivienda social se le va de las manos a Ada Colau. La ex activista antidesahucios ha visto como, a lo largo de su mandato, se han disparado el número de solicitantes de vivienda de protección oficial, mientras que la oferta del Ayuntamiento de Barcelona va reduciendo la oferta prometida durante las elecciones municipales de 2015.

Según los datos a los que ha tenido acceso Crónica Global, un total de 36.577 unidades de convivencia (familias) se inscribieron en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial el año pasado, lo que equivale a 71.924 personas. Una cifra que supone un aumento del 19,39% respecto a 2016, año en el número de solicitantes ascendió a 30.637. Esta cantidad fue muy superior a los 28.238 de 2015.

Como se sabe, Colau hizo de la vivienda uno de sus ejes de mandato, pero lejos de reducir las peticiones, la líder de Barcelona en Comú ha ido menguando la cifra de viviendas oficiales que prometió ofrecer hace tres años. “De las 8.000 unidades anunciadas pasó a 4.000, luego a 3.200 y, ahora, se ha quedo en 1.000”, explica Eduardo Bolaños, concejal del PP en el Consistorio barcelonés. La construcción de pisos prefabricados se ha convertido, hoy por hoy, en la única medida que parece tener visos de realidad. “Colau veía que el mandato avanzaba y que no lograría llegar a las elecciones de 2019 con sus promesas cumplidas, de ahí que ahora impulse esos barracones”, añade Bolaños, quien recuerda que “existen en Barcelona 82 solares vacíos pendientes de construcción”.

mesa emergencia barcelona

Asimismo, la Mesa de Emergencias comienza a estar colapsada, pues según los datos del Consorcio de la Vivienda, en febrero de este años había 370 casos acumulados, mientras que la media de adjudicaciones mensuales no superaron las 20 en 2017, lo que representa un descenso del 40,6% respecto a 2016 (33 viviendas al mes).

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona no es deficitario ¿cuál es la excusa para no avanzar en estas políticas sociales?. Pues la coyuntura económica y leyes que benefician a los propietarios.

precios vivienda

Barcelona, donde el alquiler medio supera los 900 euros, es la ciudad española con los precios más altos. En los últimos tres años, el precio medio se ha encarecido en unos 200 euros. Es decir, que los alquileres han subido un 30% en tres años.

Esta subida repercutirá en muchos contratos nuevos, ya que la nueva de Ley de Arrendamientos Urbanos del PP aprobada en 2013 redujo a tres años la duración de los contratos. Esta reforma fue criticada por agentes del sector inmobiliario, quienes la atribuyeron a las presiones de las entidades bancarias. El resultado no se tradujo en más oferta de alquiler ni contención de precios.

Según la líder de Ciudadanos en el Consistorio, Carina Mejías, el presupuesto no dedica suficientes recursos a la vivienda. “A Colau solo se le ha ocurrido un plan de viviendas prefabricadas sin condiciones dignas. Durante su gobierno se ha incrementado el número de personas que duermen en la calle".

Por su parte, la portavoz del PSC en el Ayuntamiento, Carmen Andrés, lamenta que "en este mandato se hayan construido sólo 180 pisos de protección oficial frente a los 4.000 del mandato del alcalde socialista Jordi Hereu".

España solo dedica un 0,5% del PIB

La política de vivienda social de Barcelona dista mucho de las que se aplican en otras capitales europeas. En Viena, el 60% de la población vive en casas protegidas, lo que permite a los trabajadores encontrar alquileres asequibles en el centro de la ciudad, evitando la creación de guetos y manteniendo a familias con diferentes niveles de renta conviviendo en un mismo barrio. En Berlín, el parque de vivienda protegida es diez veces superior al de Barcelona.

Francia, que financia sus políticas de vivienda mediante una banca pública, tiene un parque de pisos protegidos que multiplica por seis al español. El Gobierno de España dedica solo un 0,05% del PIB a políticas de vivienda (unos 587 millones en 2017). Un porcentaje inferior al de Francias (1-2%), Alemania (2%), Reino Unido (3%) y Países Bajos (3,4%).