El ex secretario de Salud Pública de la Generalitat Josep Maria Argimon ha defendido este martes ante la Audiencia de Barcelona que la decisión de priorizar la vacunación contra el Covid-19 de las personas de entre 60 y 65 años en marzo de 2021 fue "correcta" desde el punto de vista clínico, epidemiológico y ético.
Argimon ha declarado como acusado en el juicio por la presunta paralización de la vacunación de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña. La fiscalía también acusa a la exconsellera de Salud Alba Vergés, al ex secretario general Marc Ramentol y al ex director del Servei Català de la Salut Adrià Comella de un delito de prevaricación, por el que solicita 12 años de inhabilitación.
Estrategia nacional
Durante su comparecencia, Argimon ha explicado que el cambio de criterio respondía a la estrategia nacional de vacunación aprobada por la Comisión Nacional de Salud Pública el 22 de marzo de 2021, que daba prioridad a la franja de entre 60 y 65 años, también entre los colectivos esenciales.
El entonces responsable de Salud Pública ha reconocido que tanto él como la doctora Carmen Cabezas dejaron constancia de una observación tras aquella reunión para recuperar posteriormente la vacunación de los colectivos esenciales que habían quedado pendientes.
Problemas logísticos
Según ha explicado, esa anotación obedecía únicamente a cuestiones organizativas, ya que el dispositivo de vacunación ya estaba preparado y, en el caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se desarrollaba en puntos específicos.
"El proceso de vacunación era lo suficientemente complejo como para deshacer el camino recorrido", ha afirmado. No obstante, ha insistido en que limitar temporalmente la vacunación a las personas de mayor edad fue una decisión adecuada y que nunca les planteó "ningún conflicto ético".
Sin capacidad de decisión
Argimon también ha negado que pudiera ordenar la reprogramación de las citas de los agentes afectados. Ha explicado que Salud Pública se encargaba de recibir y distribuir las vacunas, así como de evaluar la cobertura vacunal y comunicar los criterios sanitarios, pero no organizaba las convocatorias.
Esa competencia, ha señalado, correspondía a la Secretaría General del Departamento de Salud. Además, ha asegurado que su departamento ni siquiera disponía de los listados de personas pendientes de vacunarse ni de los contactos de los coordinadores policiales o del personal de enfermería.
El criterio de la edad
Ha defendido que la edad fue siempre el principal criterio de priorización durante la campaña de vacunación. Ha recordado que la estrategia nacional ya establecía desde diciembre de 2020 que las personas mayores de 60 años presentaban un riesgo superior al de otros colectivos, incluidos pacientes con determinadas patologías.
En este sentido, ha subrayado que los colectivos esenciales no tenían un riesgo de contagio superior al del resto de la población de su misma edad, mientras que el factor edad sí incrementaba significativamente la probabilidad de desarrollar enfermedad grave.
Cambio tras AstraZeneca
Argimon también se ha referido a la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca, decretada por el Ministerio de Sanidad el 15 de marzo de 2021 por la aparición de efectos adversos poco frecuentes.
Tras reanudarse su administración el 24 de marzo, solo se autorizó para personas de entre 60 y 65 años. El exsecretario de Salud Pública ha explicado que compartía ese cambio de criterio, aunque ha precisado que cualquier instrucción debía formalizarse por los cauces oficiales y contar con respaldo clínico, epidemiológico y jerárquico.
Finalmente, ha asegurado que el Consejo de Dirección del Departamento de Salud no celebró ninguna reunión entre el 22 y el 24 de marzo de 2021, coincidiendo con la modificación de la estrategia de vacunación.