La 'exconsellera' de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, junto a su sucesor en el cargo desde 2021, Josep Maria Argimon
La Audiencia de Barcelona descarta la prisión para Vergés y Argimon en el inicio del juicio por la vacunación de policías
El tribunal tumba el delito contra los derechos de los trabajadores en las cuestiones previas. La causa prosigue solo por prevaricación administrativa, por lo que la excúpula de Salut se enfrenta a una petición fiscal de 12 a los de inhabilitación
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Este martes ha arrancado en la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona el juicio contra los exconsellers de Salut de la Generalitat, Alba Vergés y Josep Maria Argimon, acusados de haber retrasado la vacunación contra el covid-19 de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña durante la primavera de 2021.
Durante la sesión de cuestiones previas, los magistrados han resuelto excluir del procedimiento el delito contra los derechos de los trabajadores, que era la base de la petición de penas de las acusaciones particulares ejercidas por el sindicato Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil.
Un agente de la Policía Nacional durante la pandemia del coronavirus
Ambas entidades reclamaban tres años de prisión, una multa de 72.000 euros y 15 años de inhabilitación. Al decaer esta tipificación, el juicio continuará únicamente por el delito de prevaricación administrativa, que no conlleva penas de cárcel.
El foco en la prevaricación
Con la retirada de la petición de cárcel, el peso del proceso se traslada a la tesis de la Fiscalía.
El Ministerio Público sostiene que la cúpula del Departament de Salut actuó con criterios discriminatorios y arbitrarios, ralentizando la inmunización de los cuerpos de seguridad del Estado en comparación con las fuerzas dependientes de las administraciones catalanas.
Para sostener la acusación de prevaricación, el fiscal argumenta que los procesados eran "plenamente conscientes" de la desproporción en el ritmo de vacunación.
Según los datos recogidos en la causa, cuando se paralizó el proceso a mediados de marzo de 2021, apenas se había inmunizado al 2,8% de los guardias civiles y al 3,6% de los policías nacionales en Cataluña.
Por el contrario, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana ya alcanzaban el 77% de personas vacunadas, las policías locales el 77,9% y los bomberos el 68,9%.
![La 'exconsellera' de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, junto a su sucesor en el cargo desde 2021, Josep Maria Argimon](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/487429.jpg?p=w:320\/h:240&h=DKjHsP4b"])
Por estos hechos, el fiscal solicita 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público para cuatro de los acusados: los exconsellers Alba Vergés y Josep Maria Argimon (quien en el momento de los hechos dirigía el Institut Català de la Salut), el exsecretario general de Salut Marc Ramentol y el exdirector del CatSalut Adrià Comella. Para el entonces director de servicios, Francesc Xavier Rodríguez, se ha pedido la absolución.
Criterios técnicos
La defensa de los exresponsables sanitarios niega tajantemente cualquier motivación política o discriminatoria en la gestión de la campaña.
Los letrados sostienen que las decisiones se adoptaron de forma colegiada y bajo criterios estrictamente técnicos y sanitarios, en un marco de enorme incertidumbre internacional sobre el suministro de las dosis.
El núcleo del debate se centrará en lo ocurrido tras la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca por los efectos secundarios detectados en Europa.
Imagen de archivo de la campaña de vacunación
Las defensas alegan que, tras reanudarse su uso, Salut reorganizó la estrategia basándose en franjas de edad (priorizando el grupo de 60 a 65 años), lo que explicaría el cambio de ritmo.
Las acusaciones, en cambio, insisten en que la Generalitat debió retomar de inmediato la inmunización de los policías nacionales y guardias civiles en su condición de colectivo esencial, tal y como se hizo con el resto de funcionarios policiales.
Sindicatos policiales critican la exclusión de las penas de prisión
En este sentido, la asociación de guardias civiles Jucil y el sindicato policial Jupol han criticado la decisión de la Audiencia de Barcelona de excluir el único delito que implicaba penas de prisión en el juicio contra la cúpula de Salud de la Generalitat en la época.
“No compartimos la decisión adoptada por el tribunal (…) al considerar la gravedad de los hechos y el perjuicio ocasionado a miles de agentes”, han señalado las agrupaciones, que ejercen la acusación popular, en un comunicado difundido este martes.
"Nosotros alegamos que estos delitos se cometen por un tema de odio, por la voluntad de las administraciones catalanas contra los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado español”, ha asegurado a EFE el portavoz de Jupol, Javier Otero.
"Persecución política" y gestión "ejemplar"
En cambio, desde las filas de ERC, la portavoz y candidata a la alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany, tildó el juicio de "nuevo caso de persecución política", y defendió que la campaña de vacunación fue "ejemplar" y "llegó a todo el mundo" en un contexto "muy delicado y frágil para la población".
En una línea muy similar se ha pronunciado el líder de Junts, Carles Puigdemont. A través de redes sociales, el expresident de la Generalitat ha calificado la causa de "delirante", enmarcándola en la "represión" judicial, y ha asegurado que la excúpula de Salut "siempre priorizó criterios médicos y técnicos" durante la crisis sanitaria.
Carles Puigdemont en una imagen de archivo
Próximas fechas
El calendario fijado por la Audiencia de Barcelona prevé que el juicio se prolongue durante las próximas dos semanas.
Los días 1, 6 y 7 de julio estarán dedicados a las declaraciones de los testigos, mientras que los días 10, 13, 14 y 15 de julio se procederá a los interrogatorios de los acusados, la exposición de las conclusiones definitivas y los informes finales.
