La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat (Barcelona) Europa Press Barcelona
El Govern recuerda al tribunal que investiga el freno a la vacunación de policías lo "extraordinario" de la pandemia
Paneque confía en que la Audiencia de Barcelona tendrá en cuenta la particularidad del contexto que trajo consigo la Covid-19
Más información: Descartada la prisión para Vergés y Argimon en el inicio del juicio
El Govern de la Generalitat ha pedido a la Audiencia de Barcelona que tenga en cuenta lo "extraordinario" del momento de los hechos que juzga desde este martes, que sientan en el banquillo de los acusados a la cúpula del Departamento de Salut de Alba Vergés (ERC) por el retraso en la vacunación contra la Covid-19 de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y a su vez portavoz del Ejecutivo del PSC, Sílvia Paneque, ha dicho que "pasados estos años, sería bueno circunscribir las decisiones que se tomaron en aquel momento a aquellas circunstancias tan concretas". Así, ha pedido "no perder de vista" la particularidad del contexto que trajo consigo la pandemia.
"Momento concreto y extraordinario"
Repreguntada por ello en rueda de prensa, la líder de los socialistas en las comarcas gerundenses ha asegurado que la suya es "una consideración" y no una justificación de la disparidad en la cobertura vacunal entre cuerpos, que benefició claramente a los Mossos d'Esquadra durante el mandato del expresident de Junts per Catalunya Quim Torra.
En marzo de 2021, el 77% de los agentes de la policía de la Generalitat habían sido protegidos contra el virus, mientras que la cifra caía al 3,6% entre los efectivos de la Policía Nacional y al 2,8% en el caso de los de la Guardia Civil.
Fue "un momento concreto y extraordinario", ha agregado Paneque, expresando su "confianza" en que el tribunal lo tenga en cuenta, no sin dejar de manifestar el "máximo respeto por la justicia" del Govern actual.
Vergés y Argimon esquivan la cárcel
En el arranque del juicio en la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, los jueces han descartado un delito contra los derechos de los trabajadores, que era la base de la petición de penas de las acusaciones particulares ejercidas por el sindicato Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil.
Así, los exconsellers Alba Vergés y Josep Maria Argimon --que en aquel momento era el gerente del Institut Català de la Salut (ICS)-- no entrarán en prisión, ya que el juicio continuará únicamente por el delito de prevaricación administrativa, que no conlleva penas de cárcel.
Inhabilitación
Fiscalía, que ya refutaba tal extremo, sí sostiene que la cúpula de Salut actuó con criterios discriminatorios y arbitrarios, ralentizando la inmunización de los cuerpos de seguridad del Estado. Los procesados eran "plenamente conscientes" de la desproporción en el ritmo de vacunación, que benefició prácticamente en la misma proporción también a la Guardia Urbana de Barcelona, policías locales y Bombers de la Generalitat.
Por estos hechos, el fiscal solicita 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público para cuatro de los acusados: los exconsellers Alba Vergés y Josep Maria Argimon (quien en el momento de los hechos dirigía el Institut Català de la Salut), el exsecretario general de Salut Marc Ramentol y el exdirector del CatSalut Adrià Comella. Para el entonces director de servicios, Francesc Xavier Rodríguez, se ha pedido la absolución.
![La 'exconsellera' de Salud Alba Vergés, tras declarar como investigada por el retraso a la vacunación a policías y guardias civiles (imagen de archivo)](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/408399.jpg?h=NryyqYh0"])
La 'exconsellera' de Salud Alba Vergés, tras declarar como investigada por el retraso a la vacunación a policías y guardias civiles (imagen de archivo)
La defensa niega discriminación alguna
La defensa de los exresponsables sanitarios niega tajantemente cualquier motivación política o discriminatoria en la gestión de la campaña. Los letrados sostienen que las decisiones se adoptaron de forma colegiada y bajo criterios estrictamente técnicos y sanitarios, en un marco de enorme incertidumbre internacional sobre el suministro de las dosis.
De hecho, alegan que, después de reanudarse la inoculación tras la suspensión de la vacuna de AstraZeneca por sus efectos secundarios, Salut reorganizó la estrategia, basándose en franjas de edad (priorizando el grupo de 60 a 65 años), lo que explicaría el cambio de ritmo, aseguran.
