Votación en el hemiciclo durante una sesión del pleno en el Parlament, a 29 de enero de 2026, en Barcelona
Un letrado del Parlament cuestiona la ley catalana que vigilará a las empresas
La Generalitat no tiene competencias para imponer sanciones en el extranjero con el pretendido Centre Català d'Empresa i Drets Humans, según un miembro del servicio jurídico
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La ley de creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans, que debía votarse este miércoles en el Parlament, ha recibido el reproche de una de las letradas de la Cámara, quien ha alertado de su incompatibilidad con la norma europea y estatal.
De acuerdo con sus consideraciones --hechas a título personal y a las que ha tenido acceso este medio-- la Generalitat carece de potestad sobre derecho mercantil y no puede sancionar directamente la actividad de las empresas en terceros países.
Además, la estructura del organismo es demasiado asamblearia y choca con la exigencia europea de crear una "autoridad de control" estrictamente técnica, neutral y despolitizada.
Con todo, los reproches diluyen el ente tal y como se plantea desde hace una década la izquierda parlamentaria y plataformas de justicia social. Y dan razones a las impugnaciones del PP y de Junts ante el Consell de Garanties Estatutàries, avanzadas por Crónica Global y que obligan a posponer la votación.
Observaciones jurídicas no incorporadas
Los impulsores --PSC, ERC, Comuns y CUP-- pretenden crear un organismo que investigue a las empresas catalanas con actividad en el extranjero para perseguir vulneraciones de derechos humanos.
El centro actuará a partir de denuncias y, al no tener Cataluña competencias para sancionar por esta cuestión, solo castigará a las compañías que no respondan los requerimientos de información o lo hagan de manera incompleta.
Sanciones de hasta 50.000 euros
La cuestión de las sanciones, si bien ya enfrentó a los partidos, es una de las más peliagudas.
La norma fija una horquilla de multas fija, desligada del volumen de negocio, frente a aquellas voces que reclaman un sistema de sanciones proporcionado al tamaño de las empresas y a la gravedad de la infracción, en línea con la Directiva.
El sistema de sanciones propuesto contempla hasta 50.000 euros de castigo en los casos más graves, es decir, cuando las compañías obstaculicen las pesquisas o cometan tres faltas leves, como responder de forma insuficiente o fuera de plazo.
Reproche jurídico
Precisamente, multar a empresas que no cooperen con el Centre Català d'Empresa i DDHH es un enfoque que la letrada considera demasiado abierto y poco ajustado al marco europeo.
Como genérico considera el objeto de investigación, que se aleja de los umbrales y las categorías fijados por Bruselas; es decir, grandes compañías, grupos empresariales y determinados modelos de franquicia.
El dictamen acordado en comisión conserva definiciones propias y un perímetro de actuación más amplio, lo que, puede chocar con la reserva estatal en materia mercantil y con la armonización comunitaria.
La Generalitat se extralimitará
Asimismo, la Generalitat se extralimitará al “prevenir, investigar, evaluar y supervisar” la actividad de las empresas catalanas en el exterior.
"Las actuaciones en el exterior de las empresas que operan en Cataluña no son competencia de la Generalitat ni tampoco del Estado español, ya que supondría la intervención en un tercer estado, cosa que está prohibida por la legislación internacional", a juicio de la letrada.
En este sentido, agrega que la Directiva Europea se centra en controlar si las compañías aplican la diligencia debida en sus cadenas de actividad, no en perseguir vulneraciones de derechos humanos en abstracto.
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Falta de neutralidad
El centro encuentra su semilla en la ley de acción exterior 2014 y será dirigido por una junta de gobierno formada por 11 expertos en medio ambiente, derechos humanos y actividad en el extranjero de las empresas.
Ocho los elegirá el Parlament y tres el Govern, todos a propuesta de un consejo asesor, y estará adscrito a la conselleria de Unión Europea y Acción exterior.
Una composición que incrementa la falta de independencia política prevista para los organismos que deben supervisar el cumplimiento de la normativa europea sobre empresas y derechos humanos.
La federación Lafede.cat, también impulsora de la iniciativa, se negó durante la ponencia a ofrecer al sector empresarial una silla en la junta de gobierno, porque verían en ello un conflicto de intereses.
Veto del PP y Junts
Los impulsores inciden en que la actual proposición ha incorporado enmiendas tanto en la actual tramitación como en las dos anteriores, lo que equilibra la función punitiva con la del acompañamiento a través de la agencia ACCIÓ, generando un mayor consenso en torno al organismo.
Los grupos del Partido Popular (PP) y de Junts per Catalunya han impugnado ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans. Así, el constitucional catalán está llamado a estudiar las incongruencias jurídicas de la ley.
Susana Segovia, diputada de los Comuns y relatora de la proposición de ley del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, junto al también diputado David Cid en los pasillos del Parlament
La ponente popular, Míriam Casanovas, ya rechazó en comisión el sistema de sanciones, insistiendo en que "el tejido empresarial catalán lo conforman pymes en su gran mayoría" y que la directiva europea "se dirige a grandes empresas con más de un millar de trabajadores y una facturación anual de 450 millones de euros".
Por su parte, Junts se frotaba las manos ante la posibilidad de que Cataluña sea "pionera" en la creación de un centro de estas características. No obstante, no ha sumado sus votos por la inseguridad jurídica de la ley, tachando, además, de "desproporcionado" su régimen sancioandor.
