El tercer intento de crear un órgano de control ético empresarial toma la temperatura de Cataluña

La creación de un organismo de control ético sobre el sector privado toma forma por tercera vez en las tripas del Parlament. Tras dos intentos infructuosos de la izquierda y plataformas sociales, el Centre Català d’Empresa i Drets Humans ha sido rescatado de nuevo del cajón para tomar la temperatura política, económica y social de Cataluña.

Este se tramita como proposición de ley y, en plena fase de enmiendas antes de ser llevado al pleno, ha hecho que la mayoría progresista y la derecha del hemiciclo, así como patronales y plataformas sociales, se miren a los ojos y midan distancias.

La cuestión, de hecho, evidencia un acercamiento de Junts al PSC. Los neoconvergentes --a los que algunas voces empresariales afean que se sumen a la iniciativa-- son firmantes del proyecto, junto con los socialistas, ERC, Comuns y CUP; mientras, el PP, la formación más beligerante, pone precio a su apoyo.

¿Qué es?

El Centre Català d'Empresa i Drets Humans pretende ser un organismo que investigue a las empresas con actividad en Cataluña --o que teniendo su domicilio en la región también operen en el extranjero-- que vulneren los derechos humanos, o colaboren con otras que lo hagan. Actuará a partir de denuncias y, al no tener Cataluña competencias en la materia, solo castigará a las compañías que no respondan a los requerimientos de información o lo hagan de manera incompleta.

Encuentra su semilla en la ley de acción exterior 2014 y, según el texto que se llevó a la ponencia, será dirigido por una junta de gobierno formada por once expertos en respeto al medio ambiente, derechos humanos y actividad en el extranjero de las empresas. Ocho los elegirá el Parlament y tres el Govern, todos a propuesta de un consejo asesor.

La diputada de los Comuns Susana Segovia y el president del Parlament, Josep Rull David Zorrakino / Europa Press

Sanciones

Es precisamente la función sancionadora lo que más tensa las costuras, sin haber determinado aún siquiera su cuantía.

Si bien la relatora, Susana Segovia (Comuns), defiende en conversación con este medio que arrebatarle dicha potestad haría que perdiera su sentido, Socialistes i Units per Avançar la circunscribiría únicamente al caso de no recibir respuesta, mientras que los neoconvergentes elevan a "línea roja" la exclusión de la micro y la pequeña empresa.

Joan Canadell, ponente de Junts y expresidente de la Cambra de Comerç, explica a Crónica Global que estas "no tienen suficiente estructura y ya tienen suficiente trabajo como para responder por temas que no van con ellas directamente", por lo que el apoyo del grupo que recientemente preside Mònica Sales dependerá de cómo quede redactado este punto.

Joan Canadell i Bruguera, diputado de Junts y expresidente de la Cambra de Comerç de Barcelona (Barcelona) EUROPA PRESS

Pymes vs grandes empresas

El neoconvergente también recoge el guante del Consell General de Cambres de Catalunya al apostar por limitar las sanciones a sectores proclives a la vulneración de los derechos de sus empleados; el director adjunto de la organización empresarial, Narcís Bosch, enumeró en la comisión del pasado 28 de octubre las empresas téxtiles y las extractivas, por ejemplo.

Por su parte, Miriam Casanovas (PP) rechaza cualquier sanción ya que "el tejido empresarial catalán lo conforman pymes en su gran mayoría", mientras que la directiva europea sobre la materia "se dirige a grandes empresas con más de un millar de trabajadores y una facturación anual de 450 millones de euros", recuerda también preguntada por esta cabecera.

Acompañamiento y formación

Y aunque la batalla se libre en la dimensión punitiva, los grupos coinciden en el cumplimiento íntegro de los derechos humanos de las empresas catalanas tanto en Cataluña como en terceros países, porque "la mayoría actúa bien y no debe haber miedo a sanciones", dijo la republicana Anna Balsera. 

Asimismo, ensalzan la función de formación y acompañamiento del organismo en el respeto de las prácticas éticas, en posible colaboración con la agencia ACCIÓ de Empresa y Trabajo, conselleria que permanece a la espera de ver cómo se concreta el asunto.

Las voces consultadas, además, celebran que la actual proposición de ley haya incorporado las enmiendas presentadas en los dos anteriores intentos y se hayan equilibrado ambas misiones, lo que permite hoy un mayor consenso en torno al organismo.

Debate de Política General en el Parlament Parlament

España también lo tendrá

Pero los populares, aunque se inclinen a negociar, se resisten a entrar en el bloque de firmantes. Y tienen otra razón: Europa llama a los estados miembro a crear su propio organismo antes de julio de 2026, lo que da razones para esperar concreciones desde el Congreso de los Diputados y evitar duplicidades.

Un extremo que no compran el resto de grupos. Fuentes parlamentarias del PSC --cuyo ponente es el diputado Alberto Bondesio-- recuerdan que esta proposición de ley "se empezó a trabajar hace diez años y este es el tercer intento de tramitación".

Por su parte, los neoconvergentes se frotan las manos ante la posibilidad de que Cataluña sea "pionera" en la creación de un centro de estas características, al tiempo que la formación morada insta a buscar "mecanismos de coordinación" una vez se alumbre el órgano estatal, poniendo como ejemplo la coexistencia del Defensor del Pueblo y la Síndica de Greuges.

El Congreso de los Diputados EE

Lafede, CECOT y Foment

El Consell General de Cambres de Catalunya es la única plataforma empresarial que ha comparecido presencialmente; han presentado enmiendas por escrito Foment, CECOT y Pimec, entre otras.

Si bien la patronal dirigida por Josep Sánchez Llibre ha declinado hacer declaraciones hasta no tener el texto en firme, la que encuentra en Oriol Alba a su secretario general llama a acotar las empresas susceptibles de ser investigadas y afea que puedan ser señaladas por supuestas malas prácticas.

La federación sobre "justicia global" Lafede.cat, impulsora de la iniciativa, expuso sus argumentos en la ponencia, negándose a ofrecer al sector empresarial una silla en la junta de gobierno porque verían en ello un conflicto de intereses. La proposición de ley también ha recibido aportaciones por escrito de los sindicatos CCOO y UGT.

Para 2026

El compromiso para su aprobación definitiva la situaba antes de acabar el año, algo a lo que el calendario pone tierra de por medio. La fase de enmiendas para dar la forma definitiva al texto acabará a finales de noviembre, pero su llegada al pleno muy probablemente no se producirá hasta los primeros meses del año.