El conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, comparece en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament
La Generalitat declara la guerra a la fuga de funcionarios hacia el sector privado
El Govern aprueba el proyecto de ley de ocupación pública para hacer más atractiva la carrera de los funcionarios
Impulsa reconocimientos sin ascensos, oposiciones más ágiles, movilidad entre Administraciones y evaluación de objetivos
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El Govern ha aprobado el proyecto de ley de ocupación pública de Cataluña, una norma ambiciosa que redefine el modelo de ocupación pública al servicio de la Generalitat, los 947 ayuntamientos catalanes y las siete universidades públicas. Su objetivo, tratar de competir con el sector privado en la retención de talento y evitar la marcha de funcionarios.
La consellera y portavoz, Sílvia Paneque, ha dado cuenta en rueda de prensa este martes de la futura ley, que tendrá un alcance de cerca de 400.000 trabajadores.
El texto prevé 12 líneas de actuación principales, que incluyen la creación del Estatuto básico del empleado público catalán y la definición de un nuevo sistema de selección para profesionalizar y agilizar los procesos; también establecerá una evaluación del cumplimiento de objetivos por parte de los empleados públicos.
Carrera horizontal
Asimismo, impulsará el reconocimiento de la carrera profesional horizontal, es decir, premiar el desarrollo profesional de un empleado público sin la necesidad de ascensos jerárquicos o cambios de puestos de trabajo o de área.
Se establecerán cuatro tramos de desarrollo profesional (inicial, consolidado, experto y referente), cuya progresión dará derecho a complementos retributivos y reconocimientos profesionales.
Estos no estarán únicamente condicionados al transcurso del tiempo, sino a evaluaciones favorables, cumplimiento de objetivos, conocimientos, participación en formaciones o ponencias u otros méritos "objetivos" pendientes de despliegue reglamentario.
Dalmau al frente
El nuevo marco jurídico que ha dibujado el Departamento de Presidencia que lidera Albert Dalmau --hoy presidente interino durante la hospitalización de Salvador Illa-- pretende aumentar la captación y la retención del talento, así como facilitar el relevo generacional ante el envejecimiento de las plantillas y la movilidad entre administraciones.
Paneque ha incidido en el "amplio consenso" que recoge la futura ley, tras más de 40 reuniones de trabajo y la participación de Administraciones locales, universidades públicas y organizaciones sindicales. El texto ha incorporado 280 observaciones antes de someterse al juicio de los grupos en el Parlament; se prevé que sea aprobada este año.
Competir con las empresas
Desde el Ejecutivo defienden la necesidad de reformar la ocupación pública en Cataluña ante la "rigidez" y obsolescencia de la normativa actual, que provoca que la Administración pierda atractivo en favor del sector privado y que sus mejores perfiles acaben desarrollando su carrera en empresas.
La modificación de los procesos de selección --menos memorísticos-- hará más profesional y ágil los fichajes y captará nuevos perfiles profesionales, función para la que será clave la Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC). "No tiene sentido para según qué puestos preguntar un artículo concreto de una ley concreta", señalan fuentes del Govern.
La norma también incorporará un nuevo modelo de acceso a la administración para personas con discapacidad, impulsará la igualdad de género y protocolos contra el acoso y medidas "de integridad pública y transparencia".
La fachada del Palau de la Generalitat
Una única plataforma
En paralelo, el sistema creará un nuevo modelo de movilidad interadministrativa. Este permitirá a un funcionario transitar entre Generalitat, ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales y universidades. Las administraciones se unirán de forma voluntaria y tras convenio.
Finalmente, se creará una plataforma única para publicar todas las ofertas de trabajo público en Cataluña, integrando en un mismo portal las ofertas de la Generalitat, de consejos comarcales, ayuntamientos y universidades, para que no se deba consultar decenas de portales.
